Para la comunidad de argentinos sin papeles en España, lo que se viene será como “una amnistía limitada”, consideró ante la consulta de este diario Carlos Slepoy, uno de los abogados representantes de la Asociación de Inmigrantes Argentinos en España. A comienzos del año próximo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobará una enmienda extraordinaria –tras un acuerdo con empresarios y sindicatos– para que los ilegales puedan regularizar su residencia. Les exigirán seis meses de estadía probada y un contrato de empleo para los seis meses siguientes. Es una cláusula especial y limitada, serán los empleadores la que deberán impulsarla y no alcanza a los autónomos, un sector importante entre los “sin papeles” y por cuya incorporación pelean las organizaciones de extranjeros, que en los próximos días lo plantearán en distintas conferencias de prensa.
El proyecto de los españoles es una fórmula intermedia y excepcional. Se sancionará en febrero del año 2005, regirá por un plazo de tres meses y saldrá con el Reglamento de la Ley de Extranjeros que contempla la regularización bajo la llamada fórmula del “arraigo laboral”. Lo excepcional del nuevo proyecto es, en realidad, que reduce las pretensiones de la Ley de Arraigo, que exige un año de trabajo demostrable por contrato. Esa era hasta ahora la única alternativa sobre la que discutían y a la que se oponían las comunidades de inmigrantes en España.
El nuevo proyecto les pide, en cambio, demostrar una residencia mínima de seis meses al momento de la sanción de la ley. Si se sanciona en febrero, deberán demostrar que están instalados en el país, al menos, desde julio. Así, los que lleven seis meses registrados en los ayuntamientos podrán regularizar su situación si un empresario los contrata por un período mínimo de otro medio año. Los empleadores tendrán tres meses de plazo para presentar las solicitudes del llamado “proceso de normalización”. Y si la administración pública las aprueba, los extranjeros tendrán una autorización de residencia y de trabajo de un año, que entrará en vigor sólo si antes de los 30 días el empresario les da el alta en la Seguridad Social.
Este proyecto nació de un consenso entre el gobierno, los sindicatos y el sector empresario, una alianza que explica para los “sin papeles” las limitaciones importantes que contempla. “Ni para uno ni para los otros, los autónomos tienen importancia. Los empresarios no buscan autónomos sino personal, les interesa resolver este problema. Y a los gremialistas les sucede lo mismo”, dice Slepoy, abogado y uno de los referentes de la Asociación de Inmigrantes. Aunque sostiene que el proyecto tiene “aspectos interesantes”, dado que se bajaron las exigencias del año de trabajo demostrable, advierte que “deja de lado algo sustancial: los trabajadores autónomos”.
Según los cálculos de las asociaciones, los argentinos ilegales en España son entre 80 y 120 mil. Un buen porcentaje son autónomos que quedarán fuera de los beneficios: hay plomeros, albañiles, artesanos y profesionales que trabajan por su cuenta, no tienen ni tendrán empleo en relación de dependencia. “El gobierno quiere que la gente demuestre el contrato y el alta en la Seguridad Social para acreditar que existe de parte del empleador una voluntad real de contratarlo, pero el autónomo no lo puede acreditar”, abunda el abogado.
Además de los autónomos, el otro de los ejes críticos del proyecto es el tiempo mínimo de residencia. Si bien buena parte de los “sin papeles” suele empadronarse en los ayuntamientos cuando llegan para asegurarse el acceso al sistema de sanidad pública, existen muchos que no lo hacen o no lo hicieron. “O porque no quisieron o por miedo, un temor fundado entre otros aspectos, en una reglamentación sancionada en diciembre del año pasado que modificó la Ley de Extranjería”, continúa Slepoy. Aquella modificación, según el abogado, atemorizó a los ilegales porque les pedían que se empadronen en los ayuntamientos y con la policía. Frente a esa limitación, las asociaciones plantean mecanismos alternativos paraacreditar la permanencia mínima de seis meses. Un contrato de alquiler, cuentas bancarias o inscripciones en los consulados son algunas de las variantes propuestas.
Las próximas dos semanas serán decisivas para estos reclamos. Los argentinos intentarán coordinar actividades simultáneas en todas las regiones para exigir la incorporación de alternativas al empadronamiento y para sumar a los autónomos a la amnistía. “Hemos planteado bastante el tema acá, pero para los que pensaron la ley, las asociaciones somos convidados de piedra”, dice Slepoy.
La nueva ley prevé consideraciones especiales para ciertos sectores. Los empleados en la hotelería y la construcción, por ejemplo, podrán presentar contratos discontinuos que sumen los seis meses en un año. Al sector agrícola le exigen tres meses y a los empleados en el servicio doméstico les permiten que presenten contratos de varios empleadores, pero con un mínimo de 30 horas semanales de trabajo.
Entre las habituales discusiones sobre partidas de nacimiento o “busco casa en Valencia”, los foros de argentinos en el exterior ayer le dieron la bienvenida a la enmienda. Más entusiastas que los abogados, en la página web de hispanoargentinos, Maggie escribió a las 22.06 “qué alegría para todos. Misia, Lorenita, Andrés y tantos otros que estaban esperando”. Poco antes, una de sus conciudadanas virtuales recibía la misma noticia: “Sí –escribió–, lo acabo de escuchar por la tele”. La información circuló con los métodos que tienen a mano. En la página se dejaron mensajes con los enlaces para informarse, opiniones y desventuras. Poco después de un auspicioso “suerte para todos” escrito por uno de los internautas, se leía una de las preocupaciones de Andrés: “Y los que trabajan por cuenta propia... NADA”. Por ahora tendrán que esperar, al menos hasta ver si los reclamos de las asociaciones logran encontrar eco entre las autoridades españolas.