Por Horacio Cecchi y R. K.

Dos años después del asesinato de María Marta García Belsunce, la Justicia, formalmente, está en condiciones de asegurar que se trató de un homicidio por los cinco pitutos calibre 32 hallados en su cráneo. Fuera de esto, la causa se mantiene en el estado catatónico que la caracterizó prácticamente desde el inicio, en el mismo momento en que la teoría del accidente, difundida por el viudo Carlos Carrascosa y los familiares más directos, sustituyó una muerte por otra. Para más datos, el caso hoy no tiene fiscal, no tiene detenidos ni nada que se le parezca y desde hace tres meses y medio dormita en la Sala I de la Casación bonaerense, a la espera de que los jueces decidan si sigue o no el fiscal Molina Pico, desplazado por el juez Barroetaveña, si Barroetaveña puede revocar la prisión del viudo y si el camarista Maroto, apartado por su propia Cámara de Apelaciones, debe regresar a opinar sobre el caso. Con la esperanza de evitar la cuadriplejia del expediente, las amigas de María Marta organizan hoy una nueva vigilia de antorchas a las puertas del cementerio de la Recoleta.
En el ambiente de los tribunales bonaerenses, la de María Marta es una de las cinco causas más importantes que tramitan en la Justicia provincial. Importantes por el impacto público que tienen, por la huella que dejan incluso a niveles políticos y porque son monitoreadas por toda la sociedad. Esas causas, que luego arrastran tras de sí a otras, tienen un tratamiento como causas clave por esos mismos motivos. Sin embargo, desde hace tres meses y medio, el caso está congelado en la Sala I de la Casación bonaerense. Tres temas prioritarios son los que deben tratar los jueces de la Sala I en relación con el caso García Belsunce. Pero antes de mencionarlos habrá que historiar brevemente los últimos pasitos de la causa.
El fiscal Diego Molina Pico había apelado la libertad morigerada de Carrascosa dispuesta por el juez Diego Barroetaveña una semana después de que el mismo juez había decidido mantenerlo en prisión por el peligro de que fugara ante la condena que enfrentaba. La Cámara de Apelaciones dio la razón al fiscal. La defensa fue apelando ese fallo sucesivamente, hasta llegar a la Suprema Corte. El pasado 6 de abril, el máximo tribunal provincial dio la razón a los camaristas.
El juez Fernando Maroto, presidente de la Sala I de Apelaciones, ordenó a Barroetaveña que cumpliera la orden confirmada por la Corte. Pero Barroetaveña no sólo no cumplió sino que días después revocó la prisión, dejando a Carrascosa en libertad; además, aceptó el pedido de la familia de apartar al fiscal. Molina Pico apeló su apartamiento, pero la Cámara de Apelaciones rechazó tratar su pedido. Entonces, el fiscal general de San Isidro, Jorge Novo, avanzó hasta Casación. Previamente, en la Cámara, los camaristas Margarita Vázquez y Gustavo Herbel habían aceptado el pedido de la familia para apartar a Maroto del caso. Maroto también apeló a Casación. Novo, además, apeló la revocatoria de prisión dispuesta por Barroetaveña.
En síntesis, la Sala I de Casación debe decidir sobre:
1) El recurso de queja de Novo por el apartamiento de Molina Pico.
2) La apelación de Maroto por su apartamiento del caso por parte de sus colegas de la misma Cámara de Apelaciones.
3) El recurso de queja de Novo por la decisión de Barroetaveña de revocar la prisión preventiva de Carrascosa.
Una fuente judicial aseguró a Página/12 que los primeros 45 días fueron ocupados en notificar a todos los actores del expediente para saber si recusaban o aceptaban a los jueces de la Sala I, Carlos Natiello, Horacio Piombo, Benjamín Sal Llarques y Cristina Plache. “Como en toda la Justicia, en Casación están saturados de causas y muy atrasados –señaló la misma fuente–. Además, se reúnen dos veces por semana, los martes y los jueves.” Ante la consulta de este diario, la misma fuente respondió que “las reuniones, dos veces a la semana, están dentro del reglamento. Los jueces aseguran que llevan trabajo a sus casas”.
Otro camarista bonaerense, en cambio, aseguró que “en Casación no se tienen que expedir sobre el fondo del asunto, no tienen que leer el expediente, no tienen que decidir si la razón la tiene el fiscal o el juez. Lo único que tienen que decidir es si la Cámara de Apelaciones debe recibir o no la apelación de Molina Pico. Eso es lo más urgente porque, por ahora, la causa está parada porque ni siquiera tiene fiscal, ni hay a quien recurrir en caso de una apelación. Estos temas, teniendo en cuenta la importancia que tiene este caso, habitualmente los resuelven en diez días como máximo”.
Entretanto, Carrascosa y la familia Belsunce mantienen la teoría de que el culpable de todo es el vecino díscolo y detenido por robos varios, Nicolás Pachelo. Por su lado, y absolutamente enfrentadas a esta teoría, las amigas de la víctima organizaron una nueva vigilia con antorchas, frente a las puertas del cementerio de la Recoleta, allí donde descansan los restos silenciados de María Marta.