La Suprema Corte de Justicia bonaerense emitió una resolución en la que pide al Ejecutivo provincial que “de manera inmediata ponga en funcionamiento” lugares donde se pueda alojar a los menores que permanecen detenidos en comisarías. La decisión del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires se enmarca en la prohibición de alojar a menores con causas penales en comisarías, anunciada la semana pasada por el Ministerio de Seguridad provincial. Según el texto, la decisión de la cartera de León Arslanian “corre el riesgo de volverse de cumplimiento imposible” si el Estado bonaerense no habilita nuevos espacios destinados a los menores. Si bien la resolución de la Corte tuvo como origen la disposición del ministerio, ambas surgieron luego de que tres chicos detenidos en la Comisaría 1ª del partido de Quilmes murieran tras un incendio en la celda donde estaban alojados.
En la resolución, fechada el lunes pasado, los siete miembros del máximo tribunal bonaerense y la procuradora provincial, María del Carmen Falbo, requieren “al Poder Ejecutivo que de manera inmediata ponga en funcionamiento los lugares indispensables” para que los jueces “puedan cumplir con el propósito de no alojar bajo ninguna circunstancia a menores en dependencias policiales”.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Juan Pablo Cafiero, adujo que la superpoblación de menores en distintas seccionales se debe a la decisión de “una inmensa mayoría” de jueces de menores que “presionados por las olas de opinión pública tienen como única visión del tema la internación del chico por cualquier motivo”.
“Mientras en el Congreso se discute la edad (de imputabilidad de menores), es bueno que se sepa que algunos (jueces) han tomado la ley en sus manos y han bajado de hecho la edad, enmascarando una causa asistencial como una causa penal”, criticó el ministro.
Fuentes de la cartera de Desarrollo Humano precisaron a Página/12 que 52 de los 330 menores alojados en comisarías fueron sacados de esos lugares el lunes, con lo cual la cifra total disminuyó a 285 mediante la resolución de causas que estuvieron frenadas y que los juzgados activaron luego de la medida del Ministerio de Seguridad. Del mismo modo puntualizaron que del total de los que permanecen en dependencias policiales sólo 120 tienen oficios judiciales “blanqueados” y están en comisarías por orden del juzgado que tramitan sus causas; y de éstos sólo 40 tienen pedido de vacantes para institutos abiertos.
Otros datos indican que sólo el 10 por ciento de los 12 mil chicos judicializados están allí por infracción a la ley penal y que el resto, “o sea, la gran mayoría, está internado por causas llamadas ‘asistenciales’, es decir, básicamente por su situación de pobreza”, destacó Cafiero.