“Hace 11 meses que no nos pagaban el sueldo. Apenas nos daban vales de cinco pesos para los viáticos o algún pequeño porcentaje del salario. Muchos sobrevivieron gracias a donaciones de alimentos y dinero de personas que conocían la situación del hospital. Por eso, este nuevo paso lo vivimos con mucha emoción, como un logro de los trabajadores”, dice, todavía eufórica, la médica Silvia Gallo, quien ayer se convirtió en la presidenta de la nueva Cooperativa de Trabajo Hospital Israelita Limitada, constituida a partir del fallo de la Justicia nacional que cede la administración de ese centro asistencial, en proceso de quiebra, a sus 400 trabajadores. Así, el juez en lo comercial Atilio González resolvió que la cooperativa, que representa a médicos, técnicos, enfermeros y personal de maestranza, administre “todos los servicios del Israelita, incluida la prepaga Isramed”.
De esta manera, la Justicia aprobó el alquiler del hospital porteño por parte de la cooperativa por un lapso de seis meses, renovables por otros seis, mediante el pago de un canon mensual de 5000 pesos. “La cooperativa se hará cargo de todos los gastos del hospital y las ganancias serán distribuidas en forma equitativa”, explicó a Página/12 el abogado Luis Alberto Caro, que patrocinó a los trabajadores del centro, ubicado en avenida Gaona y Nazca. Con esta decisión, el juez, que basó su resolución en la importancia de mantener las fuentes de trabajo, dejó por primera vez en manos de una cooperativa de trabajadores un centro asistencial porteño. El hospital fue fundado hace unos cien años por la Asociación Israelita de Beneficiencia y Socorros Mutuos, una entidad sin fines de lucro. Durante años recibió importantes donaciones que le permitieron mantener sus instalaciones con capacidad para 400 camas, con casi todos los servicios, incluyendo cirugías plásticas y microcirugías con láser, entre otras prestaciones, además del funcionamiento de una escuela de enfermería. Pero en los últimos años, la crisis en el hospital se fue profundizando hasta que en 2001 ingresó en concurso preventivo, reseñó Caro.
La situación se agudizó, al punto que en noviembre de 2003 fue la última vez que los trabajadores recibieron el sueldo entero. Finalmente, el 6 de septiembre pasado, las autoridades se presentaron en quiebra y el 8 de ese mismo mes, la Justicia decidió designar un interventor para que se haga cargo de la gestión del centro asistencial.
Pero “la intervención comenzó a vaciar el hospital, a desmantelarlo. Incluso, los trabajadores pidieron que se les pague lo adeudado y la intervención les contestó que no había plata”, sostuvo el abogado. Como consecuencia, “recurrimos a la Justicia para solicitar que se nos ceda a los trabajadores la administración del hospital”, manifestó Gallo, quien, además, aclaró que actualmente las prestaciones médicas “se cumplen normalmente”. Rápidamente, el magistrado –con experiencia en otros casos de empresas recuperadas– aprobó la formación de la cooperativa por parte de los empleados para “la asistencia sanitaria a sus afiliados”.
“Nos sentimos totalmente capaces para poder desarrollar la administración del lugar. También, la gente que se hará cargo de la cooperativa es gente que hace muchos años trabaja acá, que tiene experiencia y que conoce lo que hace”, afirmó Gallo, que hace 20 años se desempeña en el centro asistencial como médica clínica. Además de su presidenta, la cooperativa está representada por una secretaria y un tesorero, quienes junto a un grupo de trabajadores se reunieron ayer en asamblea para definir la contratación de los servicios. Hoy se llevará a cabo durante todo el día una jornada “para decidir los detalles de organización de la cooperativa y los pasos a seguir”.
El alquiler del hospital es por seis meses, renovable por otros seis, y los trabajadores no deben hacerse cargo de las deudas que pudiese tener el centro, sino que los pasivos siguen perteneciendo a los anteriores dueños. Una vez pasado ese lapso, el hospital se pondría en venta, aunque “nosotros haremos una oferta para comprarlo porque confiamos en que la situación de los empleados va a cambiar”, anticipó Caro, quien preside el Movimiento de Fábricas Recuperadas, una de las organizaciones que apoyó el pedido de los trabajadores del Hospital Israelita, que anoche continuaban festejando la resolución judicial.

Informe: Maricel Seeger.