Todo indica que la Justicia sentará en el banquillo de acusados a dos policías de la Bonaerense investigados por supuestos apremios ilegales contra cuatro menores. Los chicos los denunciaron en el mes de mayo, cuando estaban detenidos en la comisaría 6ª de la localidad de Claypole del Gran Buenos Aires. Uno de ellos logró pasarle una carta a su mamá con las denuncias de las torturas, que luego fueron probadas por un médico durante un allanamiento ordenado por la Fiscalía Nº 8 de Lomas de Zamora. Un juez de Garantías de Lomas acaba de rechazar ahora el sobreseimiento solicitado por los abogados de los policías. El próximo 25 de noviembre les tomarán declaración indagatoria.
Los policías involucrados son los oficiales Salas y Jerez. Ambos pertenecían a la comisaría de Claypole y fueron acusados en mayo por los cuatro chicos que estaban detenidos. Los menores estaban alojados con otros 16 chicos. Permanecían allí acusados por supuestos de delitos graves contra la propiedad y contra las personas. Tenían entre 16 y 17 años. A través de una carta aseguraron que los policías los torturaban porque “ellos se negaban a que los tratasen como sirvientes”.
“Vos vas a ser mi gato”, les repetían los policías a los menores para hostigarlos, según la denuncia que presentaron. Los que se negaban a funcionar como “los gatos” de los policías –según la causa– “eran sometidos a brutales golpizas”. El primer borrador que los chicos pudieron sacar de la comisaría cayó en manos de la jueza de menores Nora Diana Guendler, de Lomas de Zamora. Con la colaboración de la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 8 de Lomas, la jueza ordenó inmediatamente el allanamiento de la comisaría ubicada en la calle Ballini 650. Un médico constató que las denuncias de los golpes eran ciertas: “Al menos tres de los veinte menores alojados en Claypole –según el informe– habían sido golpeados con palos, piñas y patadas por los policías”.
Con esos datos, la jueza podía pedir la clausura de la comisaría que sólo aloja a menores. Sin embargo, no lo hizo: la jefatura de la Departamental de Lomas de Zamora se comprometió a desplazar a las autoridades de la seccional de Claypole para evitarlo. Además de los oficiales, la Justicia investigaba a un subcomisario, pero hasta el momento no hay pruebas de que haya participado o esté implicado en los apremios. A cargo de la comisaría se encontraba el comisario Fabián Perrone. Hoy en su lugar está Miguel Angel Solís. Los oficiales acusados fueron relevados de sus cargos el mismo día de la denuncia, aunque están libres. En esa condición llegarán a la indagatoria del próximo 25 de noviembre. Tanto Salas como Jerez deberán responderle a la fiscalía de Domingo Ferrari sobre las denuncias de apremios ilegales, un delito castigado con penas de hasta cinco años de prisión.