Quizá cuando un aviso pida albañiles menores de 18 años a Unicef no le resulte tan difícil instalar el alerta. La filial argentina del organismo terminó uno de sus diagnóstico más críticos: la incidencia de la crisis en la escuela y en el trabajo infantil. El diagnóstico advierte que como “consecuencia de la grave crisis que atraviesa el país pueden caer vertiginosamente los niveles de cobertura que en los últimos treinta años había convertido al sistema educativo en el más alto de América latina”. La precipitación no está ligada sólo a factores económicos, va acompañada de una profunda pérdida del sentido de la educación como factor de movilidad social. La mayoría de los jóvenes entrevistados para el estudio mostró desinterés por la escuela. Esto incide sobre la franja cada vez más alta de excluidos: más del 50 por ciento de los que ingresan en los niveles medios no lo terminan y entre los adolescentes de entre 13 y 17 años que trabajan el 58,2 por ciento ni siquiera asiste a clases. Con estos datos, Unicef abrió un nuevo espacio de discusión llamado Foro Permanente de Protección Integral de la Infancia. El marco es una excusa para un problema que corre uno de los mayores peligros: “Que no se lo considere un problema”, advierten.
El documento escrito por Elena Duro, consultora del área de Educación de las oficinas Argentinas de Unicef, se presentó en las primeras jornadas de este Foro convocado “frente a la agudización de la crisis política, social y económica en el país”. Pero ese no fue el único trasfondo del debate abierto en la sede de las oficinas del organismo. Como voz de fondo estuvieron los pedidos de reformulación del Código Penal para bajar la edad de imputabilidad de los menores y las políticas que insisten en la criminalización de la infancia en un contexto jurídico donde sigue pendiente, dice la carta de presentación del Foro, la puesta en marcha de las garantías de la Convención sobre los Derechos del Niño intregrada a la reforma constitucional del ‘94: “Su plena vigencia es aún una asignatura pendiente y esta situación se agudiza en momentos de crisis como el actual en que los derechos y garantías corren el riesgo de pasar un segundo plano”. Este llamado de atención sirvió como disparador del encuentro, y del diagnóstico presentado por Elena Duro, donde se cruza educación y trabajo infantil como deuda pendiente en las políticas de infancia.
Hace un mes, Página/12 había adelantado parte de este trabajo, aún en desarrollo. Allí se planteaba como hipótesis extrema la posibilidad de que las clases populares algún día dejen la escuela. Esto era posible suponerlo proyectando la caída de la matrículas que este año tuvo una de las regiones del Gran Buenos Aires. En este estudio Unicef vuelve a retomar una de las líneas de aquel análisis: el vínculo que establecen los más chicos con la escuela.
A partir de una serie de encuestas entre niños y adolescentes, Elena Dura obtuvo un diagnóstico sobre las causas que llevarían a los más chicos a alejarse de la escuela. El primer motivo no es ni crisis ni la desocupación ni los males económicos: “Entre las razones que los adolescentes esgrimen aparece en primer lugar el desinterés hacia la educación”, dice antes de continuar con las respuestas donde los entrevistados hablan del trabajo y las dificultades económicas. Estas respuestas estarían marcando uno de los problemas estructurales más difíciles de resolver, el cultural. “Estas razones –arriesga Elena Duro– estarían dando cuenta de una oferta educativa deficitaria que no considera las demandas de los grupos sociales, el debilitamiento del sentido de la educación como instrumento de movilidad social, de llave de ingreso al mercado laboral”. Por otro lado, la especialista advierte que la grave situación económica impide al mismo tiempo que la educación constituya una alternativa para determinados sectores de la sociedad. En esta trama, los sectores de máxima exclusión ni siquiera pueden tener en cuenta una de las variables esenciales para el mundo académico dedicado al estudio de estos procesos: la relación entre educación, ingresos y trabajo. Los estudios de América latina demuestran que a medida que avanza el nivel de estudio, aumenta el ingreso. De hecho, los ocupados con más de 13 años de escolaridad, es decir, quienes alcanzaron los niveles superiores, obtienen un nivel de ingresos 4,6 veces mayor que los que trabajan y sólo tienen educación primaria. Pero ese futuro donde la educación aparece como una herramienta para lograr mayores ingresos se está desdibujando.
Y esto parece contradecir otra historia, la del trabajo infantil. La distancia frente a la escuela, está a contrapelo de un proceso exactamente inverso: el de la caída de la tasa de trabajo infantil, constante en los últimos treinta años. En los 80, en la región Metropolitana, dice el informe, la tasa de actividad de los niños entre 13 y 17 años era del 23,2 por ciento. En el 2000 los indicadores bajaron al 7,2. Y en el interior de la Provincia de Buenos Aires el proceso fue más fuerte: a medida que la tasa de actividad entre los chicos fue disminuyendo, aumentó la de escolarización. Ese cruce pasó de 59,6 por ciento en el 80 a 88,9 por ciento en el 2000.
En las explicaciones confluyen varias causas: el nivel de ingresos por habitante y la inversión hecha en educación y en la política educativa implementada. Además, en ese período se desarrolló el sistema de becas implementado desde el ‘95 por la Provincia Buenos Aires. Las becas permitieron el crecimiento del 20 por ciento en el grupo de estudiantes de entre 13 y 15 años y del 14 por ciento entre los de 16 y 18 años. Pero esta política de “efectiva inclusión social”, como dice el informe, es una de las herramientas que están en crisis. “Las becas –dice el informe– están afectadas por el proceso recesivo, las dificultades fiscales y los recortes presupuestarios.”