Los últimos que vieron vivo al soldado Juan Manuel Torres, estadounidense nacido en la Argentina, aseguran que entró a las duchas de la base Bagram, en Afganistán, provisto sólo de una toalla. Al instante, un tiro en la cabeza de una 9 milímetros cortó sus 25 años de vida. Mientras el ejército de Estados Unidos sostiene que se suicidó con su fusil, el padre de Juan Manuel afirma tener pruebas suficientes de que “lo asesinaron miembros del servicio de Inteligencia de la US Army porque vio algo vinculado al tráfico y consumo de heroína en las tropas” ocupantes el país que fue talibán. Lo dice en base a testimonios de ex compañeros de su hijo. En su pedido de justicia, cuenta con el apoyo del senador de Illinois, Richard Durbin, y del congresal demócrata Rahm Emanuel, quien confirmó a este diario que pidió informes al ejército sobre la muerte del soldado.
Juan Manuel nació en la ciudad de Córdoba el 7 de febrero de 1979. En marzo del año siguiente emigró con su familia a Estados Unidos. Allá terminó el secundario a los quince años, y a los 18 ya tenía título de contador. Con esta profesión se desempeñaba en una compañía petrolera en la que ganaba 70 mil dólares anuales. Como le respetaban el sueldo, se enroló para ir a Afganistán, donde por 1300 dólares mensuales efectuaba tareas de control de todo lo que ingresaba y salía de la base aérea.
Juan Torres, su padre –residente en Houston, pero de paso en Buenos Aires–, cuenta a Página/12 que las tropas norteamericanas tenían la misión de destruir las plantaciones de opio –materia prima de la heroína– en las que trabaja gran parte del campesinado de aquel país. Pero en verdad “falsificaban los papeles de la incineración y enviaban la droga en los aviones haciéndola figurar como armas”, dice Torres en base a los testimonios de ex compañeros de su hijo. Y asegura contar “con el cien por cien de las pruebas para demostrar que quienes asesinaron a Juan Manuel fueron dos sargentos del Criminal Investigation Command del ejército, más conocido como CID”, que desarrolla tareas de Inteligencia.
El 12 de julio de 2004, Juan Manuel se levantó a las 4 de la madrugada. A las siete empezaban sus labores en la base. Jugó un rato a los videos en su laptop y se fue a dar una ducha a las 5. “No se había peleado con su novia, como figura en su historia clínica, que no tiene ni firma ni sello de un médico”, dice Torres. Esa supuesta pelea habría desencadenado un estado depresivo que lo llevó al suicidio, según la versión oficial. “Pero su novia lo desmiente: hacía cuatro años que estaban juntos y buscaban una casa para habitar como esposos”, agrega el padre.
Estos papeles son una de las pruebas más solidas de Torres, y los tendrá en sus manos hoy, cuando llegue su yerno, que los trae desde los Estados Unidos.
La primera versión que tuvo, transmitida por el ejército, fue la del suicidio. Torres recibió el cajón con el cuerpo embalsamado un viernes y pidió que abrieran la tapa sellada. Un militar le dijo que no porque con el disparo de fusil la cabeza había quedado despedazada. Una venda a su alrededor mantenía los trozos ensamblados, graficó. Los funerales de Juan Manuel empezaron un lunes. Al día siguiente, el padre le pidió a una empleada de la funeraria que le dejara ver a su hijo por última vez. La mujer aceptó y entonces él se encontró con que la cabeza no estaba vendada, sino entera, con un orificio.
La familia pidió una nueva autopsia, cuyo resultado fue diferente de la que habían hecho los militares. Se determinó que la bala que mató a Juan “era de 9 milímetros, la misma que usan los del CID”. Torres dice que a partir de ese momento fue hasta la Casa Blanca, enarbolando una foto de su hijo. “Me metí de prepo en el Congreso y en el Pentágono”, dice.
Obtuvo el apoyo del senador de Illinois Richard Durbin y del congresal Rahm Emanuel, quien presentó un pedido de informes ante una oficina del ejército sobre la muerte del soldado. Consultado por este diario, Emanuel confirma que “Torres no tuvo notificación formal de la muerte de su hijo, y sus tentativas por contactar a la US Army para tener información se vieron frustradas”. Y reflexiona: “Lo menos que podemos hacer es tratar a las familias con dignidad y respeto cuando un ser amado muere en servicio de este país”.
De a poco, varios conocidos del hijo de Torres dentro del ejército se acercaron para decirle que lo asesinaron porque se oponía a los caudales de heroína que circulaban por la base. El padre tiene el testimonio de 18 soldados que le relataron el “infierno de drogas” que ellos atravesaron en Afganistán cuando los combates ya habían terminado.
Con estos testimonios, Torres pudo saber que no bien Juan Manuel murió, “dos sargentos portorriqueños del CID mandaron limpiar las manchas de sangre, rompieron el candado de su casillero y ordenaron quemar sus pertenencias”. Pero los soldados, compañeros del joven, no cumplieron la directiva. Prendieron fuego algo de ropa y guardaron los papeles, que podrían tener algún valor como prueba.
En el Pentágono le dijeron a Torres que tenían la carta de despedida de Juan Manuel. Cuando el padre la pidió, argumentaron que la tenían que guardar como evidencia legal. Solicitó una copia, y entonces los militares admitieron que no sabían dónde estaba la presunta última comunicación.
En la Argentina, Torres espera recibir el apoyo que no obtuvo en la embajada argentina en Estados Unidos. “Lo único que me importa es tener justicia para mi hijo”, sostiene el padre. Enfrenta a un órgano hermético, quizás algo torpe para inventar pruebas, que opera bajo un curioso lema: “Hacer lo que hay que hacer”.

Informe: Sebastián Ochoa.