“Peligrosa como una granada lista para estallar”: así caracterizó la Asociación Nacional del Rifle, de Estados Unidos, a Rebecca Peters. El peligro constituido por esta muchacha menudita y sonriente se mide por las 700.000 armas que el movimiento social liderado por ella permitió recolectar y destruir en Australia, a partir de lo cual las muertes por armas de fuego en ese país bajaron un 65 por ciento. La activista preside la red International Action Network on Small Arms (Iansa), dedicada a la reducción de las armas en manos de civiles e integrada por más de 500 organizaciones en cien países. En sintonía con una iniciativa de las Naciones Unidas, impulsan estrictas normativas para retirar las armas de las manos de particulares, y su control de las manos de los militares. Según Peters, una situación comparable con la Argentina podría ser la de Sudáfrica, donde muchas personas tendían a armarse a partir de una “percepción de inseguridad”: en ese país se desarrolla programas que incluyen el canje de armas por bienes como materiales de construcción, y se crean “zonas libres de armas”, que –a partir del compromiso comunitario– abarcan desde poblaciones enteras hasta escuelas, cuyos alumnos han aprendido a rechazar a quien transgreda el compromiso de desarme. Peters, quien visita la Argentina invitada por la Red Argentina para el Desarme, dialogó con Página/12.
–La de Australia fue la mayor campaña de recolección de armas en el mundo; se destruyeron 700.000 armas entre 1996 y 1997, lo cual hizo bajar el 65 por ciento las muertes causadas por armas de fuego –contó Peters–. Antes, cualquier persona sin antecedentes criminales podía comprar un arma; a partir de la reforma, se prohibió la venta de rifles semiautomáticos. Quien compre una pistola debe demostrar que practica tiro, y los clubes de tiro deben informar cuando una persona deja de concurrir, lo cual le quita el derecho al arma. De todos modos, estamos en campaña para directamente suprimir la posibilidad de tener armas cortas.
–¿Qué dicen los tiradores deportivos?
–Nos apoyan, tal como nosotros respetamos el tiro deportivo. Los integrantes del equipo australiano, campeón olímpico, aparecieron en televisión entregando armas para ser destruidas.
–¿Qué experiencia se aproxima a la situación argentina, donde, a partir de una supuesta “percepción de inseguridad”, muchos tienden a armarse?
–Probablemente la de Sudáfrica, donde, en relación con la pobreza y la delincuencia se extendió el problema de la tenencia de armas. Allí el lobby de las armas es muy fuerte; como la Argentina, ese país fabrica y exporta armas. Pero, tras una dura campaña, se introdujeron requisitos estrictos. También se creó “zonas libres de armas”, con participación de la comunidad: localidades enteras se libraron de sus armas. Esto también se aplicó a escuelas: transformarlas en libres de armas a partir de un compromiso de la comunidad escolar: no es lo mismo si el alumno que muestra un arma a un compañero obtiene complicidad o temor, o si es rechazado y, en último caso, denunciado por el grupo mismo.
–Cuéntenos más sobre la participación comunitaria.
–El control de armas no se reduce a retirarlas y destruirlas: en Sudáfrica participan iglesias, clubes, organizaciones sociales. Y esto se relaciona con lo que llegó a llamarse “el milagro de Boston”. En esa ciudad de Estados Unidos había una tasa de homicidios muy alta entre la juventud: el plan que logró reducir esto, donde la policía trabajó junto a organizaciones comunitarias, diferenció entre distintos niveles de delito y logró llevar a sus autores el mensaje de que no es lo mismo robar un auto con armas que hacerlo armado, porque eso hace la diferencia entre que la gente muera o no. Esta presión social fue efectiva: el uso de armas bajó aun entre los que cometían delitos y la tasa de homicidios cayó.
–En Brasil, se implantó hace poco un programa de recolección y destrucción de armas a cambio de dinero. ¿Qué otras experiencias puede comentar?
–En Sudáfrica y otros países hay programas de recolección, pero no por recompra sino a cambio de otros bienes, como materiales de construcción, o incluso, en un nivel barrial, el otorgamiento de fondos destinados a crear instituciones comunitarias, a cambio de determinada cantidad de armas recolectadas en el barrio. Estos sistemas me parecen mejores porque la recompra implica el riesgo de crear otro mercado; de que el programa se convierta en parte del mercado de las armas.
–¿Qué conflictos políticos se plantearon alrededor de estas reformas?
–Tomemos el caso de Australia: allí hay dos grandes partidos, uno progresista y el otro conservador: los dos aceptaban reformar la legislación, pero ninguno se atrevía a hacerlo porque temían la campaña del lobby de las armas. Fue decisiva la acción de las ONG, en un orden que podríamos llamar diplomático: se acordó que los partidos anunciaran su decisión el mismo día a la misma hora, para que la responsabilidad fuese compartida. En Estados Unidos, en cambio, los legisladores me decían: “Yo sé que usted tiene razón, pero si me enfrento a la Asociación Nacional del Rifle voy a perder mi futuro político”.
–¿En qué estado se halla el tratamiento del tema en la ONU?
–En 2001, se estableció un Programa de Acción, todavía no obligatorio, para prevenir el tráfico de armas y reformar la legislación. Se acordó que los países establezcan, para tratar el tema, comisiones que involucren a distintas áreas gubernamentales: la tendencia mundial es retirar el tema de la órbita militar, donde todavía gira en muchos países.
–En la Argentina, el organismo de control de armas todavía depende del Ministerio de Defensa.
–Se trata de transferir esa responsabilidad a los sectores de Justicia, de Interior, a áreas con participación de la sociedad civil. La ONU recomendó iniciar planes de recolección y destrucción de armas. En 2006 se revisará el Programa de Acción, y países como México piden que se establezca una normativa para limitar la posesión de armas por civiles.
–¿Esto incluiría al personal de seguridad privada?
–Lamentablemente no está incluido hasta ahora. Muchas veces los agentes de seguridad privada son personas que fueron rechazadas para trabajar en las fuerzas de seguridad y no tienen el necesario entrenamiento. Nos cuesta mucho hacer entender a algunos gobiernos que es inaceptable que el Estado deje en manos privadas cuestiones de seguridad. Es que todavía el tema de las armas de mano no es suficientemente tomado en cuenta: hay convenciones sobre armas nucleares, biológicas, químicas, pero las armas que matan cientos de miles de personas son éstas.