Los chicos sólo querían divertirse. Esa noche era la fiesta de egresados en el boliche Caix y se engalanaron para lo que, en muchos casos, marcaba el inicio de sus actividades nocturnas. A las 9.40, alumnos del colegio San José de Calasanz, todos de 17 años, se internaron en el bar Taco’s, cercano a la institución de los sacerdotes escolapios, para llegar a la diversión principal ya “entonados”. Varios terminaron intoxicados y uno de los chicos, diabético, tuvo que ser hospitalizado. Los padres denunciaron al boliche por vender alcohol a menores y sostuvieron que las bebidas estaban adulteradas. El local fue clausurado provisoriamente. El caso despertó la polémica sobre el control del consumo de alcohol en las fiestas de egresados.
Anteayer, los padres de uno de los egresantes se presentaron en la Defensoría del Pueblo porteña para acusar a los dueños de Taco’s, el bar en cuestión, de haberles vendidos alcohol a los menores. Citaban un “coma etílico” en el chico diabético, que habría estado internado en el hospital Durand por tres horas, según fuentes gubernamentales, o cuatro días de acuerdo a la denuncia. Ayer, padres y vecinos se reunieron ante el bar para protestar contra la venta de alcohol a menores.
La defensoría transmitió la denuncia de los padres a la fiscal Ana Dieta de Herrero, que ordenó la clausura provisoria de Taco’s hasta tanto se determine si el alcohol que vende está adulterado, como indican los padres, basándose sobre los trastornos que provocó en la salud de sus hijos.
Desde el colegio, los sacerdotes expresaron su “preocupación” por lo ocurrido y señalaron que trabajarán junto al gobierno porteño en campañas de concientización dirigidas a los alumnos, con el fin de ofrecerles información. María, la madre de uno de los egresados, dijo a Página/12: “Los padres tenemos que hacernos cargo y ver cuál es la propuesta de vida que le queremos dar a nuestros hijos, porque ahora se rigen con el modelo de consumo que le dan las empresas desde hace 15 años”.
El suceso planteó un interrogante: ¿quién es el encargado de controlar que no tomen alcohol los menores? Gustavo Torres, director de Fiscalización y Control de la Subsecretaría de Control Comunal, consideró que arribar a una solución es responsabilidad “del Estado y de los padres. Pero la función gubernamental tiene un límite, a partir de ahí, los padres tienen que saber decirles ‘no’”.
Hasta fin de año, quedan unas 400 fiestas como a la que no llegaron enteros los chicos del San José de Calasanz. Para evitar el consumo de alcohol en ellas, la Subsecretaría, junto a la Cámara de Discotecas –que nuclea a las 30 más concurridas de la ciudad– firmó un acta compromiso en la que establecen que en cada fiesta de egresados tiene que haber “un mínimo de cinco padres” controlando lo que hagan los chicos. Los empresarios nocturnos, por su parte, se comprometieron a no venderles bebidas alcohólicas a los menores.
En este sentido, cuando la subsecretaría realiza tareas de control en un local nocturno cuenta con una traba legal: no le puede pedir documentos a las personas que están adentro. De esta manera, su labor se restringe a lo administrativo. Piden al dueño del boliche todos los papeles necesarios y aseguran que se cumplan las medidas de seguridad e higiene. “Sólo tiene potestad para pedir esa información la justicia contravencional y la Policía Federal”, detalló Torres. Por eso en el organismo están trabajando en un proyecto para modificar esta norma y poder solicitar identificación a quienes se encuentran dentro de un boliche. Hasta ahora, para obtenerlo deben ir acompañados de uniformados.
Desde abril, la Subsecretaría cerró 250 kioscos por vender bebidas alcohólicas y realizó operativos de control en 200 boliches, de los que clausuró ni más ni menos que 88, “todos por no cumplir con normas de higiene y seguridad”. Por eso Torres aclaró que el ocurrido en Caballito “fue el primer caso registrado en el año de venta de alcohol a menores”.