“El ciento por ciento de los chicos que llegan a institutos por orden de los jueces son de origen humilde”, dijo ayer el ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Juan Pablo Cafiero. Y agregó que “muchos de los chicos que están en conflicto con la ley penal presentan problemas de desnutrición desde el vientre materno”. En pocas palabras, la institucionalización es un mecanismo que se aplica únicamente a los menores pobres. Las declaraciones de Cafiero se inscriben dentro de la polémica entre el gobierno bonaerense y el Poder Judicial sobre las responsabilidades de cada uno en el deteriorado sistema con el que se trata a los menores.
Precisamente esta semana vence el plazo dado por el mismo gobernador Felipe Solá para que no quede un solo menor en las comisarías, comprometiéndose a reubicarlos en instituciones adecuadas. Cafiero aseguró que hasta hace un tiempo había 400 menores detenidos en las comisarías bonaerenses, pero explicó que la alarmante cifra “se redujo a 50, se habilitó una sede, en la alcaidía de Ituzaingó y llevamos chicos que estaban hacinados en comisarías”. “Se van a construir centros de contención y derivación y se modernizarán institutos para la recuperación de chicos” con causas penales, aseveró Cafiero, y admitió que “hay todo un modelo de acción que hay que revisar”, ya que la problemática exige “una mejor presencia del Estado en materia de atención” a esos niños.
Cafiero mantiene un enfrentamiento con los jueces de menores, a los que ha cuestionado por sus decisiones de internar a chicos en conflicto con la ley. Por su lado, los jueces reclaman espacios físicos y personal adecuado para la recuperación de menores con causas penales.
Lo cierto es que la decisión de qué menores son los que deben ser tutelados por la Justicia es un resorte que, habitualmente, depende de los jueces. Según surge de los datos fríos, la inmensa mayoría de los menores que están bajo la esfera de los jueces tiene origen humilde. El mismo Cafiero aseguró que “muchos chicos vienen con un problema de desnutrición desde el vientre materno, no han podido incorporarse al proceso escolar, porque les faltó asistencia y luego han sido tentados por redes de delincuentes”.
Pero no sólo se trata de los menores en conflicto con la ley, que representan aproximadamente el diez por ciento del total que está bajo la tutela judicial: el 90 por ciento restante está compuesto por menores que, según las reiteradas denuncias de Cafiero, “son institucionalizados por los jueces”. Estos menores son los que, según los especialistas, son víctimas de abusos, golpes o sufren abandono, y son tomados por la Justicia bajo su tutela, siendo alojados en los mismos institutos donde son alojados los menores en conflicto con la ley.