Anticipándose al informe final de la 33ª reunión del Comité contra la Tortura de la ONU en Ginebra, un dictamen surgido de las reuniones del mismo Comité recomienda a la Argentina sostener la prohibición de alojar menores en comisarías. El martes y miércoles de la semana pasada, una comisión argentina respondió en Ginebra un cuestionario de 74 preguntas formuladas por los relatores del Comité, muchas de ellas específicas sobre el tema de menores alojados en comisarías y la flagrante violación a la ley que rige en el país. “Al Gobierno lo van a ayudar considerablemente las recomendaciones del Comité –señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarolo–. El objetivo no fue ir a Ginebra a defender al Gobierno, sino a los derechos humanos.”
El martes pasado, una delegación argentina, encabezada por Mattarolo y también integrada por el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Remo Carlotto, se presentó en la 33ª sesión anual del Comité contra la Tortura de la ONU, en Ginebra, para responder un cuestionario de 29 preguntas formuladas por escrito. Lo hicieron ante los dos relatores del capítulo argentino, el chileno Claudio Groissman y el ecuatoriano Prado Vallejo. El miércoles, la comisión argentina respondió 45 preguntas aclaratorias. Los temas: tortura, malos tratos, superpoblación carcelaria, menores en comisarías, además de la anulación legislativa de las leyes de amnistía a los crímenes de la dictadura y la derogación del decreto que impedía la extradición de violadores de los derechos humanos –estos dos temas merecieron una felicitación–.
El dictamen referido a los menores en comisarías señala la preocupación de la ONU sobre la numerosa cantidad de denuncias sobre torturas y que es aún mayor la cantidad de denuncias de torturas pero que en las causas judiciales aparecen como apremios ilegales, cuyo monto de pena es menor y excarcelable. También señala el dictamen el hecho de que aún haya menores alojados en comisarías.
En la provincia de Buenos Aires, las denuncias por el alojamiento de menores en comisarías no es nuevo. La muerte de cuatro chicos detenidos en la comisaría 1ª de Quilmes recientemente volvió a poner en crudo la situación ilegal de los menores: cuatro chicos murieron tras una protesta por torturas, según denunciaron sus familiares y otros menores alojados allí. Tras el escándalo, el gobernador Felipe Solá se comprometió a que en diez días no quedarían más chicos en comisarías de la provincia. Los diez días ya pasaron. La cifra, que en ese momento llegaba a los 261, fue reducida a 81, según aseguraron fuentes del gobierno provincial.
Poco después, otro menor murió en una comisaría de Bahía Blanca. En el medio, se desató una polémica entre el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Juan Pablo Cafiero, y los jueces de menores, después de que Cafiero denunciara ante la Justicia a una docena de jueces de menores platenses por internar chicos en institutos con el argumento de su protección.
La preocupación de la ONU fue manifestada en varias de las preguntas. Los representantes argentinos reconocieron la situación. “Se puso el marco en que ocurre esto –señaló una fuente de la delegación argentina–. Por qué se llegó a esta situación en la que se instaló la idea de peligrosidad de los chicos, como el del delincuente juvenil, y se describió que actualmente el gobierno argentino se encuentra ante demandas contradictorias desde la sociedad, unas que son conocidas como garantistas y con las que acordamos, y otras que buscan elevar las penas y bajar la edad de imputabilidad.”