La escena parecía irreal: en medio de las indefiniciones sobre el rumbo del país y la economía, los diputados debatían un proyecto para aumentar las penas a quienes maten policías y uniformados varios. Pero tenía una razón estratégica: era una buena manera de tener a la Cámara baja entretenida para que estuviera en sesión a la hora en que el Senado le girara la ley contra los amparos del corralito. Y pese a que la atención estaba puesta en otro lado, la iniciativa de la mano dura recibió una contundente mayoría: 162 a 52. Así, quedó con media sanción la modificación del artículo 80 del Código Penal por el cual se incorpora un inciso que lleva a prisión perpetua las penas para los condenados por homicidio a “miembros de las fuerzas de seguridad públicas, policiales o penitenciarias”.
El proyecto venía de tres semanas de frustrados intentos de tratamiento, en los que no faltaron los disensos interbloques y las marchas y contramarchas. La ley, que en esencia obliga a los jueces a condenar a prisión perpetua a los homicidas de uniformados, fue aprobada con el voto del bloque del PJ, diputados de la UCR y provinciales.
Dos miércoles de sesiones habían pasado ya y a las 17.30 de ayer eran tan sólo 45 los diputados del bloque del PJ que comenzaban a discutir los expedientes diseñados por los justicialistas Jorge Casanovas, Graciela Camaño, Franco Caviglia, Edmundo Robles Avalos, Ricardo Quintela, Hugo Cettobur, Roque Alvarez y el radical Víctor Manuel Fayad, todos resumidos en la modificación al artículo 80 que establece que: “Se impondrá reclusión o prisión perpetua al que matare a un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición”.
La muerte de Adrián Falduto, custodio del canciller Carlos Ruckauf, ocurrida el 5 de abril pasado, había reavivado las presiones policiales hacia el Gobierno en favor de medidas de mano dura. Ayer, la estrategia del oficialismo era clara: se retomaba el cuarto intermedio dictaminado siete días atrás para dar media sanción a la más que polémica profundización de penas con tantos diputados como para lograr quórum a la hora de intentar tratar sobre tablas la denominada “Ley Tapón”, que en esos momentos comenzaba a debatirse en el Senado.
Las horas fueron pasando y a las 19.30 habían fundado sus votos los bloques del PJ, la UCR y el ARI. En los primeros no parecía haber disensos, más allá de que algunos de sus miembros diferían en matices con el inciso, aunque todos en el sentido de endurecer aún más las penas. El argumento de los justicialistas podía resumirse en su intención de “dar una señal a los policías” perjudicados por “una ola de violencia y criminalidad que los tiene como blanco de ataque”. “Es una acción preventiva para disminuir la violencia”, justificaban, y aseguraban que estas medidas apuntaban a “cuidar a la sociedad”.
Entre de los radicales, en cambio, se plantearon divergencias: Margarita Stolbizer se pronunció en contra del proyecto, al tiempo que Marcelo Stubrin lideraba las opiniones a favor dentro del bloque. Evidentemente, el voto transversal dentro de algunos bloques estaba planteado. Mientras tanto, Elisa Carrió (ARI) llamaba la atención sobre “el peligro que el exceso de violencia implica para la democracia” y enfrentaba al argumento de la mano dura acusándolo de “promover un creciente grado de violencia social, lo que deriva en más muertes, tanto de policías como de civiles”. “Este proyecto lo único que hace es evidenciar la indecisión y la falta de coraje que tenemos para asumir nuestra responsabilidad en las cuestiones públicas más urgentes”, sostuvo Carrió.
El clima dentro del recinto continuaba siendo atípico. Los legisladores, solos o en grupos, abandonaban sus bancas para instruirse sobre la marcha del debate en la Cámara Alta. Sin embargo, al mismo tiempo, el resultado de la votación era cada vez más incierto, lo que en cierta forma reanimaba las discusiones. Nilda Garré, del Frepaso, había dejado clara la posición contraria de su bloque hacia la propuesta oficialista, y los partidos deizquierda simplemente confirmaron su oposición. Incluso Saúl Ubaldini se animó a pronunciarse en desacuerdo con su propio partido.
Finalmente, casi a las 23, llegó la votación: el Senado ya había aprobado la ley antigoteo. Fueron 162 votos por el sí contra 52 por el no. “Esto es terrible. Es un gesto político que nada tiene que ver con una política de seguridad seria que debe tender a reducir la violencia social y policial, no ha acrecentarlas”, sentenció Laura Musa, del ARI.

Producción: Darío Nudler.