El ministro de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, abrió el debate sobre la necesidad de una “reforma integral del Código Penal”, que reordene los castigos para dar prioridad a los delitos “contra la vida” antes que a los que afectan “la propiedad”. Un representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acordó en la necesidad de esta reforma, pero observó que “esto implicaría un replanteo en la política del Poder Ejecutivo, ya que fue el presidente Kirchner quien se negó a vetar reformas que destruyeron criterios elementales de justicia”. Un profesor de la UBA, por su parte, deploró el hecho de que “las penas por reincidencia en delitos menores terminan siendo superiores a las que castigan el homicidio”, y una docente de la misma universidad afirmó que el actual código “es totalmente inarmónico” y ha padecido “tantas reformas que son ya muy pocos los expertos que saben cuál es la pena para cada delito”.
Rosatti hizo conocer su “proyecto de designar una comisión de juristas notables para analizar el Código Penal”, apuntando a modificaciones que “prioricen la vida por sobre la propiedad”.
Gustavo Palmieri –director del programa de violencia institucional y seguridad ciudadana del CELS– destacó que “las modificaciones que se le hicieron al Código Penal en el último año desbarataron la proporción entre los castigos y agravaron algunos hasta extremos como el de acumular penas hasta los 50 años de prisión. Tanto el CELS como el Departamento de Derecho Penal de la UBA y facultades de Derecho de todo el país solicitaron que el presidente Néstor Kirchner vetara estas reformas, pero éste no accedió. Entonces, reformular el Código implicaría que el Poder Ejecutivo cambiara su política”.
Palmieri agregó que “las modificaciones habría que hacerlas con cuidado: lo peor que podría pasar es que todas las penas terminaran agravándose para recuperar la ‘proporción’”. Y comentó que “el desbalance del Código hace que el sistema penal se concentre en el delito flagrante, descuidando la investigación sobre las organizaciones que generan el delito”.
Por su parte, Ricardo Huñis, profesor de Derecho Penal en la UBA, criticó “las reacciones espasmódicas de los legisladores, que responden inmediatamente con aumentos en las penas: así, las modificaciones en el concurso de delitos hacen que el responsable de tres o cuatro hurtos y robos menores pueda recibir una pena mayor que la de un homicidio”.
Stella Maris Martínez –profesora de Derecho Penal y Procesal en la UBA– estimó que “el Código Penal ha venido a ser tan inarmónico, tantas reformas ha sufrido que, a esta altura, debe haber muy pocos expertos que conozcan cuál es la pena que corresponde a cada delito”. Según la especialista, “hay delitos, como librar cheques sin fondos, que quizá no debieran seguir en el Código; otros, como la violación de correo electrónico o la confidencialidad de bancos de datos, podrían incorporarse; otros, como la libertad de expresión, están poco protegidos”.
“Pero sí ya hay proyectos de reforma integral –observó Marcos Salt, profesor de Derecho Penal y Procesal en la UBA–: en las tres últimas gestiones del Ministerio de Justicia se generaron proyectos, con participación de las universidades del país, que no fueron tomados en cuenta.” Salt destacó que “todas las reformas que se introdujeron este año, a raíz de la ola de inseguridad, son asistemáticas, en muchos casos incoherentes y no contribuyen al mejoramiento del sistema penal”.
Un ejemplo de incoherencia, según Salt, “es la modificación en el régimen de libertad condicional: primero se decidió, para los casos de delitos sexuales, condicionar el otorgamiento de ese beneficio a un informe pericial en el cual se indicara que la persona ha modificado su actitud; esto podría tener algún sentido, pero los legisladores lo extendieron a los delitos en general, y es imposible que un perito pueda certificar que una persona no va a cometer robos, por ejemplo; no hay diagnóstico psicológico que pueda evaluar esto”. Por eso, insistió Salt, “si se va a hacer una reforma, que sea efectivamente integral”.