En los años 2000 y 2001, en la Argentina fueron denunciados 362 casos de antisemitismo, a razón de un hecho cada dos días, lo que constituye “un agravamiento cualitativo” en relación con períodos anteriores. La cifra y su interpretación aparece en un informe que será dado a conocer esta semana por el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). En el 2000 se produjeron 177 casos de discriminación, y esa cifra subió a 185 en el 2001. La estadística fue confeccionada sobre la base de noticias publicadas en 19 diarios de todo el país y las denuncias recibidas por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
El informe será dado a conocer mañana, a las 19, como parte de las actividades de la Vigésimo Octava Feria del Libro, que se realiza en los salones de la Sociedad Rural de Palermo. En el acto, que se hará en la sala Sarmiento, hablarán la ministra de Educación, Graciela Gianettassio; el auditor general de la Nación, Leandro Despouy; el vicario episcopal de Educación, presbítero Juan Torrella; el vicepresidente primero de la DAIA, Mario Feferbaum, y el coordinador del CES, Adrián Jmelnizky.
De los 177 casos ocurridos en 2000, el porcentaje más alto se registró en la Capital Federal, que fue escenario del 67,23 por ciento de los incidentes. Este porcentaje de la ciudad de Buenos Aires subió todavía más al año siguiente. De los 185 casos ocurridos en todo el país en el 2001, el 72,43 por ciento se produjo en la Capital Federal. En el Gran Buenos Aires, los porcentajes respectivos fueron del 16,95 y del 5,4 por ciento, para el 2000 y para el 2001, respectivamente.
El informe marca dos tendencias. Por un lado se advirtió “un agravamiento cualitativo en las características de las acciones con componentes antisemitas, particularmente por la envergadura y representatividad de las figuras involucradas”. Por el otro, se constató el “crecimiento de las actitudes tendientes a un mayor pluralismo e integración desde el ámbito del Estado y de importantes organizaciones de la sociedad civil”.
Entre los casos mencionados en el informe figura la presencia del abogado Enrique Torres Bande, apoderado de un partido neonazi, como representante legal de 662 militares denunciados por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Entre los uniformados figura el propio jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni. También se mencionan hechos o frases antisemitas por parte del banquero Raúl Moneta, el ex presidente del Banco Central Pedro Pou, la actriz Silvia Süller y la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Otros hechos que se remarcan son los cánticos antijudíos en las canchas de fútbol, las agresiones y pintadas contra la comunidad judía y la difusión de mensajes pronazis a través de Internet.
Los aspectos positivos que destaca el estudio incluyen el juicio a los policías bonaerenses implicados en el caso AMIA y la rápida reacción de instituciones públicas y privadas antes casos de discriminación. Para matizar el análisis, el informe cita el estudio realizado por la consultora Gallup para la institución judía norteamericana The American Jewish Committee, que comparó el nivel de aceptación de grupos étnicos diversos en el país, usando como metro la actitud hacia argentinos de origen español e italiano. El grupo más rechazado eran los gitanos, con el 45 por ciento, seguidos por los coreanos con el 26, los peruanos con el 25, los paraguayos con el 19 y los árabes y judíos con el 15.