Para el secretario de Seguridad porteño, Juan José Alvarez, el trabajo de estos días no termina en el control de discotecas y otros locales con dudosa habilitación: a partir de mañana, deberá poner en marcha el nuevo Código Contravencional de la ciudad, aprobado en septiembre por la Legislatura después de un intenso y prolongado debate. En rigor, la autoridad de aplicación del Código es la Policía Federal, por lo que Alvarez dedicó buena parte de esta semana a ajustar los modos de aplicación con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y los fiscales contravencionales de la ciudad. El nuevo Código promete dar trabajo al personal de la hasta ahora inactiva Cárcel de Contraventores: prevé sanciones de arresto para el 64 por ciento de las faltas previstas en su articulado.
El endurecimiento del Código Contravencional fue el resultado de una ofensiva del macrismo, a la que se plegó en buena medida el oficialismo, mediante el proyecto elaborado por el renunciado secretario de Justicia y Seguridad, Juan Carlos López. La idea original de una norma más represiva, con penas severas para piqueteros, vendedores ambulantes y prostitutas, generó el rechazo de grupos opositores y organizaciones de minorías. La protesta derivó en los incidentes de fines de julio, en los que resultó dañado el Palacio Legislativo. Después de tres dos meses de debate, se logró morigerar algunas de las propuestas más duras, como la que pretendía baja de edad de imputabilidad de 18 a 16 años.
Según informaron anoche fuentes de la Secretaría de Seguridad, la gestión de Alvarez pretende poner énfasis en las normas que tienen que ver con la venta de alcohol a menores de 18 años y el ingreso chicos a boliches en horarios no autorizados.
La responsabilidad de la implementación del Código quedó a cargo de Alvarez, aunque en su órbita ya no está la Subsecretaría de Justicia, que en el nuevo organigrama de la ciudad se convirtió en secretaría y depende directamente del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. “Ocurre que esa secretaría aún está vacante”, explicaron a este diario allegados a Alvarez.
Formalmente, el Código entrará en vigencia a las cero hora de mañana, cuando se cumplan los noventa días de la promulgación de la ley. Entre las sanciones que establece, se destacan:
- Se pena con trabajo social o multa de hasta mil pesos a quien obstaculice el tránsito. No se aplicará arresto y tampoco se castigará cuando el corte se haga en ejercicio de un derecho constitucional. Eso sí: los organizadores deberán dar previo aviso a las autoridades.
- Se castiga la oferta y demanda de sexo en la vía pública cuando se practique a menos de 200 metros de viviendas, escuelas o templos. Otra novedad es que las actas no podrán ser labradas por la policía sino por los fiscales.
- Se sanciona a los vendedores ambulantes, pero siempre que no se trate de venta de baratijas o de subsistencia. La idea es penar a las organizaciones de venta ilegal cuya actividad implica competencia desleal con los comerciantes establecidos.
- Se pena con multa o arresto la venta nocturna de alcohol en lugares no autorizados, a los que conduzcan vehículos en estado de ebriedad, a quienes afecten el desarrollo de un espectáculo deportivo o artístico, a los que revendan entradas, y a los que exploten juegos de apuestas en forma clandestina. Se agravan las penas para los reincidentes.
- También se penaliza a los cuidacoches no autorizados, pero con la condición de que exijan dinero a cambio de su servicio.
El texto definitivo de la ley no había convencido al jefe de Gobierno, quien hizo saber en su momento, a través de su entonces secretario López, que enviaría proyectos de leyes correctivas. “Algunas ambigüedades hacen inaplicable la ley, especialmente en el caso de los cuidacoches y los vendedores ambulantes”, se argumentó en ese momento”. Habrá que ver qué ocurre ahora, después de la tragedia de Cromañón.