Lejos de aquietarse, la actividad en el juzgado de María Angélica Crotto es cada vez más febril. Mientras redacta la resolución con la que definirá el casi seguro procesamiento con prisión preventiva del empresario Omar Chabán, exigió a los familiares de las víctimas de República Cromañón que en 48 horas designen a un mismo abogado para unificar la querella. La mayoría de los letrados considera “prematura” la exigencia y pidieron una prórroga hasta que se levante el secreto de sumario. El abogado José Iglesias se mostró a favor y ya se puso en acción para lograr el acuerdo con sus colegas. Por otra parte, la madre de uno de los 191 muertos reclamó que Crotto citara a declaración indagatoria a los funcionarios del gobierno porteño y del Ministerio del Interior que habrían tenido responsabilidad en la tragedia.
Esto se desprende de un escrito en el que Benicia Gómez, madre de Fernando Luis Aguirre, también le hace saber a la jueza su molestia por haberse enterado de boca del ministro del Interior, Aníbal Fernández, que el secreto de sumario de la causa se levantará el 4 de febrero. La mujer, patrocinada por la abogada María del Carmen Verdú, se presentó en el juzgado para quejarse por los trascendidos sobre las novedades de la causa, en el marco del secreto de sumario. La querellante explicó que no le preocupa tanto que esas informaciones se publiquen en los medios, sino que ninguna de las versiones apunten a sostener que la jueza Crotto investigará la presunta responsabilidad de funcionarios de los gobiernos porteño o nacional. “Cuando esos trascendidos van más allá de la información a la que pueden acceder quienes están legitimados como querellantes, estamos en presencia de una franca violación a la garantía de la defensa en juicio”, advirtió en su escrito.
Los trascendidos a los que se refiere en su presentación es la información publicada por Página/12 respecto al rumbo inmediato que tomaría la causa según “políticos de la ciudad y de la Rosada”: Omar Chabán procesado por “homicidio múltiple con dolo eventual”, la banda Callejeros también imputados por la “seguridad y el control” del show, y “funcionarios en el banquillo, pero no serían de primer nivel”. Gómez consideró “preocupante” que “altos funcionarios de ambos ámbitos públicos sepan el derrotero futuro de la causa, cuando esta querellante no sabe siquiera si ha sido tenida por tal”. Tras sostener que la responsabilidad de Chabán es “indiscutible”, remarcó que “no hay una sola información que permita suponer que parte de la investigación se dirige a delimitar las responsabilidades penales de quienes ocupaban u ocupan cargos y empleos públicos”. Y por ello insistió ante la magistrada en imputar “a los funcionarios y empleados públicos dependientes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del Ministerio del Interior de la Nación” para que se los cite a “prestar declaración indagatoria”.
Opuesta es la visión de otro querellante, el abogado Fabián Bergenfeld, que representa al padre del periodista Luis Santana fallecido en el incendio. Según este letrado, el hecho de que la jueza haya embargado los bienes del jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra es una señal de que “irá en busca de todos los responsables” (ver recuadro).
En cuanto a la unificación de las causas, la decisión de la magistrada está contemplada en el artículo 416 del Código Procesal Penal. “Cuando los querellantes fueren varios, y hubiere identidad de intereses entre ellos, deberán actuar bajo una sola representación, la que se ordenará de oficio si ellos no se pusieren de acuerdo”, reza el texto del código. Precisamente, esto último es lo que la jueza Crotto les advirtió ayer a los querellantes. Pero los letrados consultados por Página/12 advirtieron sobre la parte del artículo que condiciona la unificación a la existencia de “identidad de intereses”. El abogado Bergenfeld expresó que no tiene un “desacuerdo muy concreto”, pero destacó la necesidad de “analizar la dificultad de ponernos todos de acuerdo porque podría haber intereses contrapuestos”. A modo de ejemplo, señaló que el grupo Callejeros, que pretende ser querellante, “está en la mira y le podría caber algún grado de responsabilidad por acción, por la seguridad, las puertas o las entradas, u omisión, por aceptar actuar en esas condiciones 48 horas después de un incendio en ese lugar”. Bergenfeld explicó que “están en su derecho, pero jamás podríamos unificar con ellos personería porque puede ser que los imputemos”. Y anticipó que van a pedir una prórroga del plazo para unificarse porque al estar vigente el secreto de sumario no pueden acceder a los datos de los demás querellantes.
El abogado Marcelo Parrilli, que representa a Raúl Noboa, dijo a este diario que el requerimiento de la jueza “es una posibilidad que contempla el código pero como hay secreto de sumario no sabemos quiénes son los demás querellantes, y por lo tanto no sabemos si hay unidad de criterios”.
En la causa por la represión del 20 de diciembre de 2001, las querellas terminaron unificadas pero en dos grupos. “Es prematuro unificar si ni siquiera nos dicen con quién, no estamos en condiciones de establecer si hay intereses comunes o contrapuestos”, explicó la abogada Verdú. La letrada citó el mismo ejemplo del pretendido rol de querellante de Callejeros, a quienes puede llegar a acusar en el futuro.
La jueza Crotto invocó atendibles razones de “economía procesal” para su exigencia, esto es, agilizar los trámites del expediente que ya suma 24 cuerpos, y así lo entiende también el abogado Iglesias. “Si son muchas las querellas es una manera de anarquizar la causa, en el caso AMIA el hecho de que fueran cinco contribuyó al resultado obtenido”, opinó ante Página/12. “Nosotros tenemos el mayor número de querellantes (más de 40 familias) y vamos a hacer el esfuerzo. Pedimos una prórroga pero ya tenemos la lista de los demás abogados y empezamos a dialogar”, agregó. De todos modos, Iglesias admitió que puede haber visiones distintas, y si algún grupo no quiere querellar a la banda inevitablemente habrá divisiones.
Parece poco probable que los abogados unifiquen su acusación, por ejemplo, con el primo de Omar Chabán que habla de un atentado contra Cromañón, en caso de que sea aceptado como querellante.