Luego del efecto Cromañón, que provocó la clausura de muchos boliches bailables en toda la costa atlántica, desde el martes próximo podría abrirse la era de la ley seca, porque muchos comercios que hoy venden bebidas alcohólicas quedarían en infracción si lo siguen haciendo. El 1 de febrero entra en vigencia la ley 13.178, que establece que todos los comercios que vendan bebidas alcohólicas deberán tener una habilitación expresa para hacerlo. Fuentes de la Inspección General de la Municipalidad de General Pueyrredón confirmaron anoche a Página/12 que sobre “un total aproximado de ocho mil comercios que expenden estos productos, apenas unos mil, es decir el 12 por ciento del total, se han presentado para regularizar su situación”. De acuerdo con las normas emanadas del gobierno provincial, desde el martes deberían redoblarse los controles y si se comprueban infracciones, las multas para los comercios minoristas no habilitados serán de 1000 a 200.000 pesos. Los mayoristas, por su parte, recibirán sanciones de entre 30 mil y 500 mil pesos, en caso de entregar la mercadería a negocios que no tengan todos sus papeles en regla.
“Es cierto, es muy bajo el número de comercios que se ha puesto a tono con la ley 13.178 y nosotros vamos a ser muy estrictos con esta norma, de manera que la semana próxima se van a redoblar los controles”, confirmó a este diario el titular de la Secretaría Legal y Técnica del municipio, Oscar Ragni. Por su parte, informaciones procedentes de La Plata señalaron que en toda la provincia sólo se tramitaron ocho mil habilitaciones para poder vender bebidas alcohólicas. Según las fuentes de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones, las dos ciudades bonaerenses con más alto número de inscriptos son La Plata y General Pueyrredón. Esto dice a las claras que en muchos lugares ni siquiera se llegó al diez por ciento de acatamiento.
Voceros de la Cámara de Supermercados dijeron que se ha pedido una prórroga para ajustarse a la medida pero, hasta ahora, tanto el gobierno provincial como el municipio de Mar del Plata han negado en forma terminante esa posibilidad. La ley 13.178, aprobada en la Legislatura bonaerense a comienzos del año pasado, fue pensada tomando en cuenta las estadísticas que señalan que “más del 28 por ciento de la población de entre 15 y 18 años abusa del consumo de bebidas alcohólicas”. De acuerdo con esos datos, el 64,5 por ciento de los menores de 18 años consume alcohol en forma habitual. De ese total, el 28,2 “presenta esporádicos cuadros de abuso alcohólico”.
La directora de Programas de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones, Lelia Areco, aseguró que “no se contempla la posibilidad de acceder a un pedido de prórroga, porque pasaría lo mismo que ahora: los comerciantes volverían a esperar a último momento y lo que pretendemos es que asuman su responsabilidad de una vez por todas”. Al justificar la aprobación de la ley 13.178, el titular de la Secretaría de Atención a las Adicciones, Claudio Mate, sostuvo en su momento que al menos el 30 por ciento del alcohol que consumen los jóvenes es adquirido por ellos en los kioscos, polirrubros y minimercados que funcionan en estaciones de servicio. En ese tipo de negocios ya está vigente otra norma, la ley 11.825 de 1997, que les prohíbe en forma expresa la venta de alcohol, pero esa limitación sigue sin cumplirse en forma debida.
Los pequeños comercios que quieran vender alcohol en el horario de 8 a 23, tendrán que pagar un canon anual de 150 pesos, mientras que para los hipermercados la cifra se eleva a 500. Fuera de esa banda horaria, las pizzerías, restaurantes y parrillas tienen que pagar 150 pesos y los bares y pubs 500, mientras que las discos deberán pagar 1500. Los ingresos que genere la nueva ley serán distribuidos en forma equivalente, 50 por ciento en cada caso, entre la provincia y los distintos municipios. El titular de la Inspección General del municipio de General Pueyrredón, Claudio Gómez, aclaró que ante el pedido de las cámara empresarias de lograr una prórroga en la aplicación de la nueva ley “lo único que podemos hacer es transmitir la inquietud a las autoridades provinciales, pero más de eso no podemos avanzar”.
La subsecretaria de Atención de las Adicciones: “Tenemos conocimiento de que los mayoristas ya le están exigiendo a los minoristas que pongan sus papeles en regla si quieren recibir los productos”, sostuvo la subsecretaria de Atención de las Adicciones. El optimismo de la funcionaria, sin embargo, parece no coincidir con la fría estadística que dice que la mayoría de los comercios minoristas todavía sigue ignorando la inminente entrada en vigencia de la ley 13.178. En los comercios consultados por este diario, sus propietarios siguen esperanzados en que se disponga una prórroga que, por ahora al menos, parece lejana. De ser así, habrá llegado el momento de cantar la última curda.