En la sesión de hoy, la Legislatura porteña aprobará un pedido impulsado por la Comisión de Seguridad para que el gobierno porteño brinde, en 30 días, un informe sobre el funcionamiento que tuvo, en el siniestro del boliche Cromañón que provocó 193 muertes, el Centro Operativo de Emergencias (COE). El organismo tiene a su cargo, de acuerdo con las normas vigentes, el manejo general de la emergencia ante una catástrofe como la ocurrida el 30 de diciembre pasado. El cuestionamiento al funcionamiento del COE va a convertirse, en las próximas semanas, en un tema central porque la Justicia debe definir si una denuncia por presunto “abandono de persona seguida de muerte” contra el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y otros altos funcionarios, debe sumarse al expediente madre o continuar por cuerda separada. El principal testigo de cargo, al que se sumarían otros ex funcionarios, es un médico que fue coordinador del SAME en la noche del incendio y que denunció, entre otras irregularidades, que “no vio evidencias de la constitución del COE operativo” en el lugar de los hechos “ni recibió instrucciones que acrediten su existencia”.
De ser así, los denunciados –más de veinte– habrían incurrido cuanto menos, en incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. El tema será tomado por la Comisión Investigadora Legislativa del caso Cromañón, que en diez días comenzará a tomarle declaración a ex médicos del SAME que denunciaron irregularidades y a funcionarios de la cúpula del gobierno porteño señalados como supuestos responsables de esas anomalías. La causa judicial fue radicada inicialmente en el juzgado a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez, quien se declaró incompetente por entender que debía sumarse a la causa central que lleva el juez Julio Lucini.
Lucini, por su parte, argumentó que el abandono de persona sería un delito cometido “en forma posterior” al siniestro propiamente dicho. Además, el juez, que lleva una causa con una multitud de testigos y medidas de prueba, consideró que debía tramitar en otro juzgado como una forma de acelerar la investigación. La controversia debe ser ahora dirimida por la Cámara del Crimen porteña. En la causa, de la que ya informó este diario, se hace un serio cuestionamiento al funcionamiento que tuvo el COE General, conformado por la cúpula del gobierno porteño y los jefes de los departamentos operativos, y el COE Operativo, instalado en el lugar de los hechos.
Luego de un detallado informe sobre cómo debería funcionar el COE, el denunciante José Antonio Iglesias, padre de una de las víctimas, transcribió el testimonio de un ex médico del SAME, cuyo nombre se mantiene en reserva aunque está asentado en la denuncia. El profesional, que estuvo en el SAME desde marzo de 2003 hasta febrero de este año, sostuvo que en el operativo “no se agrupó a las víctimas según su estado de gravedad”, dividido en “amarillos” y “rojos”, de acuerdo con el sistema de “triage” establecido para catástrofes como la sucedida.
El testigo hizo alusión al “desorden imperante” entre los responsables del operativo, partiendo desde el dato inicial de que nunca hubo un vallado policial que posibilitara el trabajo del personal médico. Cerca de las 2.30 de la madrugada del 31 de diciembre “cuando se retira la última víctima, recién en ese momento, se instala el vallado policial, cercano a la puerta de Cromañón”. En un relato que contiene detalles dramáticos, el profesional afirma que el vallado “era primordial para poder organizar el área”.
La ausencia de ese recaudo hizo que los familiares de las víctimas, en su desesperación, “insistieran (y lograran) que se diera asistencia a personas que ya habían fallecido”, relegando a otras que todavía tenían posibilidad de sobrevivir si eran atendidas a tiempo. Otro problema que menciona el testigo es que “no había médicos suficientes para la atención de tal cantidad de víctimas”, lo que determinó que “el socorro de las víctimas lo continuaban haciendo las víctimas” que lograron sobrevivir.