Los obispos españoles escalaron en su embestida a fin de evitar la sanción de la ley que permite el casamiento entre personas del mismo sexo en ese país. Obediente al Vaticano, la Conferencia Episcopal española sostiene que la futura norma será un paso en contra de la civilización y volvió a llamar a la ciudadanía y a los políticos de ese país a una suerte de “desobediencia civil” ante la posibilidad de que el Senado convierta en ley el proyecto –que ya tiene media sanción– impulsado por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Según los obispos, esa propuesta “no tiene fuerza moral para obligar a nadie”. Desde el Estado, el ministro de Justicia infirió que el llamado a desobedecer la ley induciría al delito de prevaricato.
El nuevo capítulo del enfrentamiento de la Iglesia con el gobierno español se escribió en las páginas del cuarto documento sobre el tema publicado en los últimos 15 días, titulado de un modo bien tajante: “Acerca de la objeción de conciencia ante una Ley radicalmente injusta que corrompe la institución del matrimonio”, en el que se dirige a los senadores de un modo directo: “No pueden votar a favor de la ley del matrimonio homosexual”, por lo cual pide una “oposición clara e incisiva”. El texto fue presentado ayer por el secretario del Episcopado, Juan Antonio Martínez Camino, y sostiene que “en España se pretende liderar un retroceso en el camino de la civilización con una disposición legal sin precedentes”. Según el análisis, la letra de la norma combina “injusticia”, “inmoralidad” y es “contraria a la razón”. Es más, sostiene que ella “no amplía ningún derecho porque la unión de personas del mismo sexo no puede ser matrimonio”.
“Esa unión es en realidad una falsificación legal del matrimonio, tan dañina para el bien común, como lo es la moneda falsa para la economía de un país”, comparan raramente los obispos, además de interpretar que la futura ley “no tiene la fuerza de obligar moralmente a nadie, cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia”.
Esperanzada en que su consejo de “objeción de conciencia” tendrá fuerza en la liberal sociedad española, las sentencias del documento apuntan más bien a jueces, políticos y funcionarios que ocupan distintos rangos en la administración estatal. No obstante, las persistentes manifestaciones religiosas recibieron el apoyo de los alcaldes del opositor Partido Popular (PP). Pero si éstos adhirieran a los consejos podrían incurrir en el delito de prevaricato y, en caso de los funcionarios judiciales, hasta podrían ser separados temporal o definitivamente de su cargo, según lo afirmó el titular de la cartera de Justicia española, Juan Fernando López Aguilar.
La titular de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas y Transexuales (Felgt), Beatriz Gimeno, fue más explícita: la Iglesia “está llamando, no ya a la desobediencia civil sino al caos y el anarquismo”. El comunicado es el cuarto desde que Diputados aprobó la modificación del Código Civil en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pese a las objeciones, la gestión de Rodríguez Zapatero y los legisladores de su partido no mostraron señales de un cambio de rumbo.