La Suprema Corte bonaerense apartó ayer de su cargo al secretario penal José Luis Boero, quien fue sorprendido el martes dentro de una especie de archivo de seguridad de un juzgado que no era el suyo y se sospecha que desde enero viene sustrayendo pruebas clave en varios de los casos más resonantes de la zona de San Isidro. La Corte, por resolución número 1506, dispuso también retener el sueldo del funcionario y prohibirle el ingreso al edificio de los Tribunales de San Isidro. El máximo tribunal hará una inspección la semana próxima para establecer la gravedad de los robos.
La conmoción que vive el distrito judicial de San Isidro fue revelada en forma exclusiva por Página/12 en su edición de ayer. Dos camaristas, Luis Cayuela y Fernando Maroto, confirmaron la existencia de los robos y el hecho de que Boero fue sorprendido in fraganti cuando había entrado en una jaula del subsuelo de los Tribunales metiéndose a través de un boquete. “Todo juzgado está obligado a preservar las pruebas y lo hace dejando los elementos dentro de un depósito propio que está en el subsuelo del edificio. Ahí hay compartimientos para cada juzgado y todo está dividido por rejas, por lo cual llamamos jaulas a esos depósitos. El secretario Boero fue encontrado el martes dentro de una jaula que no correspondía al tribunal en el que trabaja y está claro que entró por un boquete ya que tuvo que salir por ese mismo boquete. Al mismo tiempo, también se certificó que había otras puertas abiertas, con las cerraduras forzadas o con los candados abiertos utilizando llaves que, sin explicación alguna, llegaron a sus manos”, detalló ayer el juez Cayuela.
Maroto, por su parte, también dio las mismas precisiones, pero agregó un hecho de máxima gravedad: en una de las causas en las que aparentemente se robaron pruebas, el caso Conzi, se detectó además una pericia con los sellos fraguados (ver aparte). Esto indudablemente deja sobre el tapete lo adelantado ayer por este diario: existen sospechas de que en la causa Conzi se llevaron pruebas y según parece las sustituyeron por otras.
La fiscalía a cargo de Martín Mateo es la que investiga el caso de los robos de pruebas y hasta el momento no pidió la detención del secretario. Ayer corrió el rumor de que se hicieron varios allanamientos, pero este diario no pudo confirmar esa información. En la fiscalía admitieron que efectivamente faltan pruebas de uno de los casos emblemáticos de la zona norte, la del Escuadrón de la Muerte de Tigre, un grupo parapolicial que encabezaba el sargento Hugo “Beto” Cáceres y que habría asesinado a seis chicos de familias humildes. Sin embargo, la información que circula en el edificio de los Tribunales de San Isidro es que también hubo sustracciones en el caso Conzi, en el expediente Witis, el músico al que mataron policías que supuestamente lo creyeron un ladrón, en la causa en la que se investiga a la banda de secuestradores VIP y en varios otros expedientes.
Se habla incluso del robo de armas utilizadas en crímenes, ropas de la escenas de los delitos, sobres con los nombres y direcciones de testigos de identidad reservada y pericias definitorias de varios casos. La investigación tratará de determinar si Boero cobraba por sustraer las pruebas y la retribución partía de quienes estaban interesados en que esas pruebas desaparezcan.
La Suprema Corte reaccionó inmediatamente apartando al secretario penal –un cargo de alto rango en la Justicia, ya que se trata del segundo de un juez o un tribunal–, tras el pedido que le hiciera el Tribunal Oral Número 7, que es donde trabajaba Boero. Hombres del máximo tribunal estarán el martes en San Isidro para hacer una visita-inspección, con lo que quieren ratificar la importancia que le dan a la investigación de lo ocurrido. También el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, se refirió al caso: “Es un hecho delictivo. La Justicia tiene que depurarse”, manifestó el ministro.