Los ecos del fallo que condenó a Romina Tejerina por homicidio calificado, aunque con circunstancias extraordinarias de atenuación, todavía se escuchan en la provincia. Algunos en voz alta, a través de algunas organizaciones de mujeres y derechos humanos y de los escraches a las casas de los jueces que creen que seguirán repitiéndose. Otros en silencio, tal vez porque no necesitan hacerse oír, porque confían en que son mayoría y, como tal, tienen consenso. En el diario electrónico Jujuy al día, por ejemplo, una encuesta señalaba ayer que el 62,5 por ciento de la población creía que la condena había sido “escasa”. Pero nadie duda de que el caso sirvió para hacer visible lo que sucede a diario: 9 abortos en curso por día se atienden en el hospital cabecera de San Salvador, Pablo Soria, sobre una población de 300 mil habitantes. Y la mortalidad materna alcanza a 200 por cada cien mil. No son muertes por complicaciones de parto, sino por la desesperación que genera no querer hacerlo.
“En la provincia tenemos una ley de maternidad y paternidad responsable que no se aplica –denuncia Liliana Louys, directora del Area de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Jujuy– porque hay resistencia de los efectores de salud y porque no hay voluntad política.” Esta ley ordena en su texto que la educación sexual sea un contenido transversal en las escuelas desde que los alumnos y alumnas tienen 12 años. Pero esto sólo está en la letra. “Si vos te ponés a hablar con las chicas, te das cuenta de que faltan contenidos básicos sobre el funcionamiento de su cuerpo, por eso es lógico que a veces intenten abortos con estados de gravidez avanzados”, agrega Louys.
Una prueba de esto salió a la luz a través de otro caso que tomó estado público dos semanas antes del comienzo del juicio que condenó a Romina Tejerina. Una niña de 12 años quedó embarazada de su padre – “para su papá”, se dice en la provincia, como si el embarazo tuviera un destinatario en el hombre–. La mamá de la niña reclamó a la Justicia que la autorizara a practicarse un aborto. Pero las pericias ordenadas por el juez de menores Luis Kamada aseguraron que “la niña está preparada biológicamente para ser madre” y por lo tanto su salud no corría peligro. Kamada, en un fallo que fue leído como ejemplar en el periódico El Observador de Jujuy, cerró la posibilidad del aborto, pero ordenó al Estado que se hiciera cargo de la alimentación de la niña y el bebé que va a tener y de la contención psicológica de la futura madre-niña.
En una provincia con inequidades de género evidentes, sin una dirección o consejo que atienda la problemática específica de las mujeres –y tampoco, por caso, ley de cupo dentro de ninguno de los poderes del Estado–, el año pasado se presentó un recurso de amparo para obligar al gobierno a instrumentar una ley de violencia familiar que tiene ocho años con categoría de instrumento legal y cuatro desde que se reglamentó y a la que se le asignó presupuesto. La Justicia hizo lugar, pero nada ha cambiado. Se supone que deberían haberse formado centros interdisciplinarios de atención en los puestos de salud que descentralizan la atención de la población. “Nunca se pusieron en práctica –dice Louys– y encima se supone que en estos equipos tiene que haber un representante de la Iglesia Católica. ¿Me querés decir por qué?”
La zona de “la rameada” es una de las más afectadas por la desocupación que lentamente destruyó el tejido social, desplazando a los habitantes de los pueblos más pequeños a otros apenas mayores, como San Pedro o Palpalá. “Yo he visto cómo se desintegraron los hogares, porque era el que cobraba la cuota del Fonavi en San Pedro, casa por casa”, dice Ricardo Díaz, un ex futbolista conmovido porque reconoce en la cara de Romina Tejerina a “las mataquitas que hay en la zona cañera”. “Ahora es común ver a las chicas chiquitas en la ruta, vendiéndose. Muchas veces tengo pasajeros que me piden que los traiga”, dice este hombre que, además de haber dejado el fútbol, fue despedido en el ’92 de Altos Hornos Zapla.
Hacia el noroeste de la provincia, en la zona desértica del principio del altiplano, donde el camino de los turistas une Purmamarca, Tilcara y Humahuaca, todavía persiste un rito que las mujeres no denuncian, la rameada. Ramear significa arrastrar, y es lo que hacen grupos de jóvenes como rito de iniciación, generalmente en Carnaval, teniendo sexo varios con una misma chica. Y también persiste otra “tradición” que sobrevive con un nombre al menos paradójico, el derecho de pernada. Es el que ejerció el empresario Simón Hoyos en Salta, abusando de las niñas que trabajaban en su finca tabacalera. Hasta que fue detenido cuando se lo encontró en un albergue transitorio con una nena de ocho que lloraba aferrada a unas pocas moneditas en su palma.
“Yo he atendido varios casos como los de Romina –dijo María Teresa Fernández, la psicóloga que la atiende en el Hospital Siqueiro–. El neonaticidio es demasiado común. No hace mucho atendía a una chica que estuvo seis años presa. No sé si la situación de los adolescentes del norte es diferente a otras regiones del país. Sí sé que si no nos hacemos cargo de reparar los tejidos sociales que rompimos, esto sólo puede empeorar.”