Clausurado. El predio ferial de la Sociedad Rural Argentina permanecerá cerrado al público hasta que se resuelva la inesperada orden de clausura dispuesta el sábado a la noche por un juez de la ciudad. La decisión podría demorarse unas horas o muchísimos meses. Detrás de la orden de clausura, la Justicia cuestiona la legalidad de una habilitación “en trámite” con la que funciona el lugar desde hace cuatro años. El gobierno de la ciudad, por su parte, considera “inapropiada” la decisión del juzgado. Y hoy hará una presentación para pedir la reapertura en “forma urgente”.
El predio quedó clausurado el sábado pasado, veinticuatro horas antes de la finalización de la III Muestra Internacional del Automóvil. Durante los nueve días de muestra, el evento había reunido a unas 400 mil personas, y el domingo, ante las puertas cerradas, esperaron otras diez mil. El cierre generó un pequeño escándalo. Hubo protestas de organizadores, autoridades y espectadores de aquí y del interior.
Tal como informó este diario en su edición de ayer, la decisión partió del Juzgado en lo Contenciosoadministrativo de Andrés Gallardo, uno de los jueces que más dolores de cabeza le ha causado a la gestión de Aníbal Ibarra. Entre otros fallos, decidió la clausura de los hoteles de inquilinato para los sin techo, comparándolos con “campos de concentración”, ordenó el cierre del casino flotante y la clausura de la Escuela Normal número 9.
Esta vez, entró a la Rural a raíz de una acción de amparo presentada por un vecino de Palermo que denunciaba “riesgo ambiental” por la presencia allí de un pozo de 17 mil metros cuadrados. Allí se encontró con que el pozo de supuestas “aguas servidas” en realidad existe desde 1997 y es lo único que se construyó del Centro de Actividades proyectado entre la Sociedad Rural y el gobierno de la ciudad. Una obra paralizada por una decisión judicial, pero donde ahora funciona una pista de camionetas 4x4.
Sin embargo, Gallardo no emitió la orden de clausura por el pozo sino por un informe del área de Control Comunal del gobierno, según el cual no sólo la pista no está habilitada sino que todo el predio de la Rural goza de una “habilitación en trámite”. Ayer, este punto fue el más candente en la discusión entre el gobierno porteño, el juzgado y la Defensoría.
Página/12 consultó sobre el tema a Atilio Alimena, adjunto de la Defensoría de la Ciudad. Aunque no dejó de advertir que la decisión de Gallardo puede ser exagerada, le concedió la razón. Según el Código de Habilitaciones, explicó que “existen dos tipos de habilitaciones: automáticas o de inspección previa”. Las primeras autorizan el funcionamiento de un lugar con una habilitación aún en trámite; las otras, en cambio, exigen una habilitación definitiva antes de la apertura. Son los casos de centros de salud, geriátricos, locales de espectáculos, una categoría en la que estaría englobada la Rural, según el criterio de Alimena y según el criterio del juzgado.
A este criterio, la Ciudad sumará el suyo propio para pedir la reapertura urgente del lugar. Según el artículo 2.2.8 del Código de Habilitaciones, dijo la procuradora Alejandra Tadei en diálogo con este diario, “la iniciación de un trámite autoriza el funcionamiento de la actividad con algunas excepciones”. A su criterio, la Rural no es un espacio de espectáculos sino un centro de exposiciones, no exceptuado en la norma.
Ambas interpretaciones ahora serán motivo de una nueva lectura. Por su parte, Tadei presentará su argumento ante la Justicia. No hay ninguna razón –resume– “para clausurar un lugar con habilitación en trámite”. La decisión quedará o en manos de Gallardo o de la Cámara que ayer recibió de los dueños de la Rural un planteo de recusación contra el juez por supuesta “enemistad” con Ibarra. Planteos con las mismas características fueron rechazados ya en dos oportunidades por la Cámara, con lo cual es posible que la causa continúe en manos de ese juez. En lo inmediato, tras la discusión del “trámite-no-trámite”, tanto voceros de Ibarra como la gente de la Procuración indican que la falta de habilitación no es sinónimo de falta de control. Según Tadei, la Rural lleva un libro de Registros de Inspecciones desde 1980. Desde entonces siempre fue inspeccionada, y nunca tuvo motivos para una clausura. La última verificación de las condiciones de seguridad se hizo recientemente, en febrero, en medio de los operativos posCromañón y en vísperas de una nueva edición de la Feria del Libro.
La habilitación reflotó la duda de fondo: ¿por qué la Rural tiene una habilitación con trámite pendiente desde 2001? Aquí se une el pozo con un conflicto político entre la Legislatura, la Ciudad y quienes denunciaron la construcción del Centro de Convenciones. La habilitación necesita entre otras cosas una rezonificación aprobada por la Legislatura, y aún no existe consenso para ello.