El ministro de Salud, Ginés González García, celebró ayer el fallo de la Suprema Corte bonaerense que autorizó un aborto terapéutico, pero lamentó el periplo judicial que tuvo que atravesar la mujer, en un tiro por elevación a los médicos que la obligaron a recurrir a los tribunales para realizarle la interrupción del embarazo. El caso reactualizó el debate sobre el aborto. El ministro lo aprovechó para insistir en la urgencia de ampliar la despenalización. Desde la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la provincia de Buenos Aires (Sogba), su presidente, Nicolás Qualeta, planteó que para practicar un aborto “no punible” los médicos reclaman que las autoridades sanitarias les brinden un aval que les garantice que no serán denunciados en la Justicia. En el Ministerio de Salud bonaerense prefirieron esquivar el tema y guardar hermético silencio.
“Creo que es una buena noticia la autorización judicial, pero una mala noticia todo lo que tuvo que pasar esta mujer para llegar a esto y que deba hacer gran cantidad de trámites”, opinó el ministro González García. Y expresó su posición en favor de que se “amplíe” la despenalización del aborto “en función de proteger la vida y, sobre todo, disminuir la mortalidad materna, que es uno de los temas graves que tenemos en la Argentina”. El ministro, además, evaluó que se han producido algunos avances en el debate: antes, el tema de la despenalización del aborto “estaba debajo de la alfombra y hoy no está más debajo de la alfombra. No es un tema que lo pueda resolver nadie solo, ni un ministro ni un presidente, es un tema de debate de la sociedad, que se resuelve en las legislaturas, como ha pasado en otros lugares del mundo”.
Otras voces, como la de la titular del ARI, Elisa Carrió, y de la senadora frepasista Diana Conti también respaldaron la decisión de la Suprema Corte bonaerense. “Cuando está en juego la vida de la madre, vale la vida de la madre”, afirmó la dirigente opositora. “La autorización judicial del aborto terapéutico es ejemplar y viene a poner bien en claro que en nuestro país ya existe el aborto no punible cuando hay peligro para la vida o la salud de la madre”, declaró la legisladora nacional.
El que prefirió guardar silencio sobre el tema fue el ministro de Salud provincial, Ismael Passaglia. Desde que se conoció la sentencia, el lunes, Página/12 intentó conversar con él al respecto. Pero, llamativamente, ayer sus voceros aclararon que el funcionario no quiere atender a la prensa. En su fallo, los integrantes de la Corte bonaerense realizaron un severo cuestionamiento al proceder de los médicos del Hospital Evita, de Lanús, dependiente del gobierno bonaerense, por condicionar a una autorización judicial la interrupción del embarazo que ellos mismos habían recomendado a la mujer para salvaguardar su vida. El Código Penal considera “no punible” el aborto “si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede evitarse por otros medios”. Y, como recordó el máximo tribunal, no exige una autorización judicial.
Sin embargo, es habitual que ese permiso se exija en los hospitales públicos. “Por miedo, por ignorancia, los médicos piden una autorización. Temen que, como el aborto es considerado un crimen en nuestro país, pueden terminar denunciados en la Justicia. Desde el punto de vista legal, es un exceso pedir una autorización de un magistrado, pero es entendible que así ocurra porque los médicos tienen miedo”, explicó a Página/12 Nicolás Qualeta, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la provincia de Buenos Aires, una entidad a la que pertenecen unos seiscientos profesionales bonaerenses. En ese sentido, Qualeta señaló que están evaluando en la entidad pedir al Ministerio de Salud, que encabeza Passaglia, una especie de aval, de garantía, “que les dé seguridad a los médicos de que están amparados” cuando practican un aborto “no punible”.
Desde hace dos años hay en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que pretende reglamentar la forma en que deben proceder los profesionales ante ese tipo de abortos, terapéuticos o producto de la violación de una mujer idiota o demente. Pero la iniciativa, de la ex legisladora María José Lubertino, nunca fue tratada. El proyecto fija en seis días el plazo máximo para realizar la interrupción del embarazo. En un caso, exige que se diagnostique la existencia de peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer embarazada. Y en el otro, que se produzca la denuncia judicial o policial de la violación. En ambas situaciones, la paciente debe dar su consentimiento. El proyecto aclara que “en ningún caso” se requerirá “la intervención o autorización de ninguna autoridad judicial o administrativa para resolver la conveniencia u oportunidad” de la operación.