El expediente caliente de la Rural cayó en manos, transitoriamente, del juez Juan Vicente Cataldo. Aunque la Cámara de Apelaciones decidirá en los próximos días quién continuará con la causa del predio de los ganaderos, Cataldo podría tomar hoy mismo una medida salomónica: ni clausura completa ni apertura total, sino reabrir la Rural pero mantener la clausura sobre un sector, presuntamente la zona del polémico pozo de 17 mil metros cuadrados. En el expediente no sólo está en juego el tema de la falta de habilitación, sino el cierre completo del pozo. Una medida que en perspectiva puede terminar con el polémico proyecto del centro de convenciones.
El nuevo juez empezó a actuar en el expediente de tres cuerpos y de 700 fojas recién ayer a la tarde, luego de que las partes aceptaron su intervención. Llegó a la causa por sorteo. Y en sus manos quedó el futuro inmediato de la Rural: puede mantener la clausura tal como está, revocarla a pedido de una de las partes o modificarla parcialmente, según lo prevé el Código de Procedimiento porteño.
Según varias consultas hechas por este diario, ayer Cataldo abandonó varias de esas chances. Desestimó la revocación presentada por una de las partes pero ayer analizaba la reapertura parcial del predio clausurado el sábado a la noche por una medida cautelar del juez Andrés Gallardo. Una vez concluido el trámite, le pasaría el expediente a la Cámara.
Gallardo dispuso la clausura porque desde el año 2001 la Rural funciona con una “habilitación en trámite”. Su decisión despertó críticas en la Rural y en el gobierno porteño, desde donde apelaron la medida a través de la Procuración. Ellos sostienen que la Rural puede funcionar con una habilitación en esas condiciones. “Si es así –respondió el juez Gallardo-, yo me pregunto por qué no lo habilitan. Porque para habilitarla hace falta cumplir una serie de requisitos que evidentemente no están hechos.”
El tema quedará ahora en manos de la Cámara, pero no es el único. Los camaristas deben evaluar además si Gallardo sigue o no en la causa. Los propietarios del predio –la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Ogden SA– lo recusaron por “enemistad manifiesta”. Consideran que el juez tiene alguna intencionalidad contra el Gobierno de la Ciudad –uno de los actores del proceso– y, por lo tanto, también contra ellos. La Cámara rechazó en dos veces dos recusaciones del gobierno porteño planteadas contra Gallardo en los mismos términos. Esta vez sucedería lo mismo, anticipó a este diario una calificada fuente judicial.
La intervención de Gallardo empezó con la denuncia de un vecino por el pozo de 17 mil metros cuadrados donde funciona una pista de para 4x4. El pozo fue abierto en 1997 para construir un centro de convenciones. La Justicia frenó aquel proyecto pero el pozo siguió abierto.