La orden de captura contra el ex titular de la Policía Bonaerense Alberto Sobrado debería concretarse en las próximas horas. Fue transmitida ya a todas las fuerzas de seguridad, por lo que Sobrado tendría que ser detenido. Aunque el otrora jefe esquivó de manera asombrosa un primer proceso judicial, el Ministerio de Seguridad bonaerense presentó una segunda denuncia en la que no sólo ratificó que tenía, sin haberlo declarado y sin justificar su origen, los 333.549.62 dólares girados al Bank of Nova Scotia de Bahamas, sino además que el Estado español informó que Sobrado invirtió en ese país 107.000 dólares y 327.000 euros. El fiscal Marcelo Martini pidió su procesamiento y detención por los delitos de omisión maliciosa en la declaración jurada obligatoria de bienes y enriquecimiento ilícito. El juez Néstor de Aspro estuvo de acuerdo con esa calificación y por ello hizo lugar al pedido del fiscal y ordenó la captura. El abogado de Sobrado, Alejandro Casal, interpuso un pedido de eximición de prisión que, según fuentes judiciales, ya fue rechazado.
La habilidad de Sobrado para esquivar la cárcel resulta llamativa. Cuando se le descubrió el depósito de 333.549.62 dólares, se inició una causa judicial que terminó en la nada. El polémico juez César Melazo argumentó que todo el proceso era nulo porque no se le había hecho a Sobrado un sumario interno como correspondía. Es decir, que primero se le debieron haber pedido explicaciones dentro de la Bonaerense, antes de llevar el caso a la Justicia. Pese a que la fiscal Sonia Aguilar apeló la decisión de Melazo, el fiscal de Cámara, Héctor Vogliolo, resolvió no sostener esa apelación, pese a que había hecho lo contrario en un caso anterior, el del comisario Rodolfo Coronel. La procuradora, María del Carmen Falbo, ordenó un sumario contra Vogliolo por actuar de esa manera. Lo cierto es que los movimientos asombrosos de la Justicia le permitieron a Sobrado conseguir lo que quería: quedar sin proceso, pese a que era evidente que no había declarado esa fortuna en el exterior y que no podía justificar el dinero.
El ministro de Seguridad León Arslanian y el subsecretario Martín Arias Duval volvieron a la carga y formularon una segunda denuncia, aún más completa y con mayor cantidad de dinero sin explicar. Es que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Reino de España advirtió sobre “operaciones sospechosas” efectuadas desde junio de 2002 hasta noviembre de 2003 por Sobrado, que se había presentado como abogado y socio de un estudio de abogados de Buenos Aires, comprando productos financieros por 107.000 dólares y 327.000 euros.
En la presentación hecha por el Ministerio de Seguridad se enumera lo que Sobrado declaró como patrimonio: una casa de 110.000 pesos, un departamento de 120.000 proveniente de una herencia, un Peugeot 1993 de 11.000 pesos y otro departamento de 30.000 a nombre de su esposa, María Marcela Manfrín. Después declaró que cambió el Peugeot por un Renault 19 y que había conseguido créditos bancarios por 77.000. Su última declaración, de 2000, no mostraba alteraciones significativas en su patrimonio.
Cuando se conoció la denuncia por los 333.000 dólares, Sobrado recuperó la memoria y se presentó en la AFIP para hacer una rectificación de su declaración. Dijo que tenía en su poder 720.000 pesos, una cifra que nunca había declarado –como era su obligación– en su legajo de la Bonaerense. En virtud de todo este cuadro, el Ministerio de Seguridad insistió con la acusación por enriquecimiento ilícito y le hizo saber al fiscal Martini todas las convocatorias, citaciones y medidas administrativas que se tomaron dentro de la fuerza para que explicara de dónde sacó las fabulosas cantidades giradas al exterior.
Ayer, el abogado de Sobrado, Casal, afirmó que su cliente no está prófugo y en diálogo mantenido con este diario dijo que no recibió ninguna notificación sobre el rechazo a la eximición de prisión. Casal sostiene que Sobrado no irá preso en forma inminente porque el eventual rechazo de la eximición de prisión es apelable ante la Cámara de Apelaciones y por lo tanto la captura no se puede hacer efectiva. Varios camaristas consultados por este diario explicaron lo contrario: mientras está en marcha la apelación, rige la orden de captura y Sobrado tendrá que estar en una celda. Con millones en el exterior, pero en una celda.