En el marco de un agravamiento en la ola de homicidios a policías, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, anunció ayer que elevará a la Legislatura un proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad de que los agentes que estén de franco y de civil lleven su arma reglamentaria o deban identificarse al presenciar un hecho delictivo. Justamente, en esa situación queda involucrada la mayoría de los policías muertos: un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte que, durante 2001, el 82 por ciento de los policías fallecidos en tiroteos no estaba de servicio. Solá hizo el anuncio en el acto de asunción del superintendente general de la bonaerense, comisario Ricardo Degastaldi, y fueron acompañadas por palabras de apoyo al nuevo jefe policial y recomendaciones de que “juegue fuerte” y “actúe sin hesitar” contra el delito.
No es un dato menor que 8 de cada 10 agentes fallecidos el año pasado hayan muerto estando de franco, fuera de servicio o cumpliendo tareas como custodios privados. Tampoco que las declaraciones de Solá fueran hechas al día siguiente del asesinato a sangre fría en Pilar de un policía de la Federal que se dirigía hacia su trabajo. Por ello, aunque su proyecto de ley no concuerde enteramente con el discurso armamentístico de la mano dura, Solá se permitió anunciar la iniciativa en la ceremonia realizada en el Salón Dorado del Ministerio de Seguridad bonaerense, ante las nuevas autoridades policiales.
“Queremos que cada policía pueda elegir el momento en que se da a conocer o si va a llevar arma reglamentaria o no, porque muchos asesinatos de agentes están vinculados a esa obligación que le genera una desigualdad de condición frente a la delincuencia”, argumentó el gobernador, para luego sostener que, de reglamentarse, su proyecto evitaría convertir a los uniformados en “un blanco adicional de la delincuencia”.
Sin embargo, coqueteando por momentos con una línea más dura que lo habitual, el mandatario sostuvo que “es un momento complejo para ser policía, porque las fuerzas de todas las provincias y la Federal parecen desbordadas por una nueva ola delictiva afianzada en problemas sociales y aprovechada por los delincuentes profesionales”. Debido a ello, adelantó que impulsará, a nivel nacional y provincial, “la desgravación de los aranceles de importación para aquellos insumos necesarios para el accionar de las fuerzas de seguridad como armamento, proyectiles y equipos de comunicaciones”. De esta forma, se comprometió a dotar a la Bonaerense “de los mejores chalecos (antibalas) y el mejor equipamiento automotor, porque eso va a redundar en un mejor servicio”. “Se está trabajando con algunas firmas para generar un sistema novedoso de compras para hacer frente al déficit automotor”, confió Solá.
“Lo importante de lo que plantea Solá pasa por el hecho de que al permitirles a los agentes no intervenir armados ante un delito se alienta a la disminución del número de policías y civiles fallecidos en asaltos”, comentó a Página/12 Gustavo Palmieri, director del Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CELS. Según Palmieri, “los datos recabados por la propia policía confirman nuestras conclusiones de que la cantidad de delitos no desciende a través del uso de más fuerza sino de políticas de prevención y de evitar poner en riesgo vidas en cualquier tipo de delitos”. “Además, es ilegal proclamar el combate armado contra los delincuentes y puede causar un daño social terrible”, concluyó Palmieri. Las estadísticas contenidas en el informe del CELS, enviado en su momento a la Comisión de Legislación Penal de Diputados, detallaban que, sólo en la Capital Federal, de 51 policías fallecidos en 2001, apenas 9 estaban de servicio, lo que los llevaba a deducir “lo riesgoso que es para el propio policía reaccionar a un asalto estando de franco”.
La jornada de ayer en el ministerio incluyó también palabras de aliento de Solá hacia Degastaldi. Dirigiéndose al flamante superintendente de la fuerza, el gobernador le recomendó que “juegue fuerte, actúe sin hesitar cuando deba hacerlo y no dude cuando se trate de combatir al delito, porque este gobierno lo respalda firmemente”. Por otra parte, Soláreconoció que Degastaldi asume “en momentos muy difíciles para la policía”. Pese al respaldo expresado, el gobernador concluyó su discurso con una advertencia: “No existe ningún justificativo, y mucho menos la violencia de los delincuentes, para que un policía se sienta con permiso para tomarse libertades respecto a lo que estrictamente marca la ley; eso es lo único que lo diferencia del delincuente”.