El jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández, pidió que los legisladores traten rápidamente el pedido de juicio político por Cromañón contra Aníbal Ibarra para que la ciudad no atraviese una situación de “incertidumbre institucional”. “Lo razonable sería tener una definición antes de (las elecciones de) octubre”, dijo el funcionario. En el ibarrismo hay inquietud por la posibilidad de que la situación se alargue indefinidamente, con el desgaste que ello implicaría.
El dictamen de la Comisión Investigadora va a ser tratado en la sesión del próximo jueves. El expediente presentado el viernes sostiene que fue “la falta de servicios” del jefe de Gobierno lo que “concurrió” a desencadenar la tragedia. Entre otros puntos, señala que Cromañón “funcionaba como un microestadio aunque estaba habilitado como local de baile clase C” y afirma que Ibarra no hizo lo necesario para ponerle fin al “focazo de corrupción” que él mismo había denunciado en noviembre del 2003, cuando pasó a disponibilidad a 300 inspectores y a 200 empleados del área de Verificación y Control. En la sesión, el dictamen va a ser entregado a la Sala Acusadora de la Legislatura, formada por 45 de los 60 diputados –los 15 restantes integran la Sala Juzgadora–. Los legisladores tienen una discusión interna sobre si ese traspaso tiene que votarse o no, en la que todavía no se pusieron de acuerdo. Algunos dicen que el trámite es automático y otros que necesita ser aprobado.
A partir de ahí, el proceso llevará sus tiempos. La Sala Acusadora contiene un equipo investigador de 13 diputados, encargado de estudiar el caso. Este equipo debe proponerle al conjunto de los 45 si inicia o no el juicio político. En el caso que la recomendación sea abrir el proceso, los diputados deben reunir un mínimo de 30 votos para comenzarlo. Si no lo consiguen el juicio cae; si los reúnen, el jefe de Gobierno queda suspendido y la investigación es elevada a la Sala Juzgadora, la que finalmente decide si destituirlo o no.
Algunos de estos pasos tienen plazos: el equipo de 13 diputados, por ejemplo, cuenta para hacer su trabajo con 60 días, aunque prorrogables por otros 60. Es decir que no sería raro que se llegara a las elecciones sin saber aún si habrá o no enjuiciamiento.
Ayer, Ibarra volvió a mostrarse convencido de que la acusación en su contra no va a sostenerse, por su propia endeblez argumentativa. “Cuando lean seriamente esto van a ver la pobreza de contenido y por eso creo que lo van a desechar”. El jefe de Gobierno porteño dijo que si el dictamen “fuera una sentencia judicial la declararían nula y si fuera un trabajo de una universidad lo reprobarían”. Y opinó que a su criterio debió haberse formado un comisión “con personalidades independientes, creíbles e irreprochables”.
Ibarra recibió durante el día un inesperado cuestionamiento del canciller Rafael Bielsa (ver aparte) y las más previsibles críticas de la Elisa Carrió, quien le pidió “mesura” en sus cuestionamientos a la Comisión Investigadora y a quien el jefe de Gabinete, Raúl Fernández, replicó que era “absurdo” que pretendiera que se quedaran callados.
Para Fernández, el solo hecho de que se haya presentado el dictamen “le pone un primer corte a la crisis”. En la Jefatura de Gabinete estiman que las repercusiones por la difusión del informe no durarán demasiado y que tratarán de reinstalar un agenda de gestión.
El respaldo de la Casa Rosada a Ibarra –pese a la distancia que impuso el Presidente con Ibarra luego de Cromañón– hace casi imposible que la oposición consiga, sin el apoyo de los diputados kirchneristas, los 30 votos para el juicio político. El problema es, sobre todo, lo que suceda antes de ese momento.