El gobierno porteño sacará a la calle la semana próxima, como una experiencia piloto, una task force de inspectores a la que denomina “cuadrilla polivalente”, con atribuciones para controlar desde los ruidos molestos y la contaminación visual hasta las condiciones de elaboración de alimentos y la venta ilegal en la vía pública. Con este cuerpo, que integrarán entre 10 y 15 inspectores, debutará en público la flamante Secretaría de Gobierno y Control Comunal, que centraliza el poder de inspección y sanción de las actividades comerciales e industiales en la ciudad. El nuevo cuerpo de inspectores será entrenado, a partir de julio, por especialistas que implementaron el mismo modelo en las ciudades de Madrid y Barcelona.
La titular de la nueva cartera, Silvana Giudici, anunció además que se promoverá “la unificación y simplificación de normativas para la habilitación de comercios, y su difusión a través de un sitio en Internet, para hacer más rápidos y transparentes esos procedimientos”.
La nueva secretaría centraliza el poder de policía que hasta ahora venían cumpliendo, en forma separada, las direcciones de Habilitaciones y Verificaciones, de Obras y Catastro, de Higiene y Seguridad Alimentaria, de Relaciones Laborales y de Control Ambiental. “Hasta ahora, para habilitar un comercio, una persona tenía que iniciar trámites en distintas dependencias. Lo mismo ocurría ante una denuncia: se iniciaban varios expedientes, que no se unificaban y se perdía efectividad en la sanción”, puso como ejemplo la funcionaria.
Los cambios incluyen la revisión y unificación de las normas vigentes para habilitar negocios. Por ejemplo, se intenta compatibilizar el Código de Planeamiento Urbano con el de Edificación, cuyos alcances hoy están sujetos a la interpretación de los funcionarios. También se envió a la Legislatura un proyecto para sancionar un nuevo Código de Habilitación de comercios, industrias y empresas de servicios, una suerte de compendio de las normas vigentes.
También se apunta a simplificar los procedimientos para agilizar los trámites de habilitación. “Los comercios de menos de 200 metros cuadrados podrán habilitarse en forma automática, con la sola presentación de una declaración jurada”, explicó Giudici.
La reforma apunta a resolver dos problemas que desvelan a las autoridades porteñas: el descontrol crónico sobre ciertas actividades, como la elaboración de alimentos en la vía pública, la proliferación de carteles y marquesinas, y los puestos de venta ilegal, por un lado, y los casos de corrupción que sistemáticamente aparecen en las áreas de inspección.
Para garantizar una mayor transparencia, se firmó un convenio con la Oficina Anticorrupción para rediseñar los procedimientos de inspección, se creará una unidad de auditoría y se impulsará “el control social de los inspectores a través de los Centros de Gestión y Participación y las Asambleas para discutir el presupuesto participativo”, agregó la funcionaria.
En cuanto al control de las actividades no permitidas, el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, se entusiasmó con el nuevo mecanismo: “La unificación de controles permitirá hacer trabajos de inteligencia para detectar los depósitos de mercadería proveniente del contrabando”.
–¿Se pensó en el costo social de estos operativos? –preguntó este diario al jefe de gobierno.
–Para eso estamos promoviendo espacios como clubes de trueque o centros de abastecimiento. Pero no podemos dejar a estos grupos organizados que compiten con los comerciantes que pagan impuestos. Es como si, porque faltan viviendas, dejáramos que la gente acampe en las plazas.