Las vacas tienen prohibida la entrada a la ciudad de Buenos Aires desde 2001, según la ley 622 de su Legislatura. El único ganado que puede pasar es el de etiqueta, “destinado a exposiciones, ferias o actividades científicas, culturales o deportivas”. Pero esta ley no rige hasta que se traslade el Mercado de Hacienda de Mataderos a la provincia de Buenos Aires. La iniciativa se tendría que haber concretado hace tres años, período en que los vecinos siguieron sufriendo la tortura vacuna que mancha de bosta los frentes de las casas y tapa las cloacas con tripas del representativo animal. El 8 de septiembre próximo, el Mercado de Hacienda tenía que pasar al recuerdo en la ciudad. Pero un nuevo acuerdo entre la Secretaría de Agricultura de la Nación y Mercado de Liniers SA extiende la prórroga a cinco años más. Ayer, la Cámara de Diputados pidió al Ejecutivo nacional que justifique la medida considerada “absurda” por los vecinos.
El Mercado de Hacienda tiene 106 años. Lidia Righi, presidenta de la Comisión Mataderos de Pie, contó a Página/12 que “hace 36 años no hay más frigoríficos en la ciudad. Antes, vendían las vacas y ahí nomás pasaban al faenado”. Pero ahora, “los camiones las traen, las venden, las vuelven a cargar y se las llevan a los frigoríficos”, ubicados por lo general en el conurbano. Para ellos, “absurdo” es una palabra que cabe perfectamente al tráfico porteño de los penados animales. Cristina, que vive al lado del mercado, pintó el panorama diario: “Las casas están rajadas por los camiones que pasan. Hay orina pasando al lado del cordón, la bosta salpica hasta las paredes del frente, en la calle hay tripas y cebo”. La mujer, de 62 años, no entiende: “En San Vicente los esperan con los brazos abiertos. Tienen un predio 10 veces más grande a 50 kilómetros de acá”. Los vecinos afirmaron que desde el mercado “dicen que si se van, quedan 2200 personas sin trabajo. Eso es mentira, nosotros los tenemos contados: adentro trabajan 170 personas. Si tanta pena les da, que consigan un micro para llevarlos a San Vicente”. Por día, frente a su casa pasan hasta 400 camiones.
Los vecinos no son los únicos que no comprenden la medida. Tampoco la asimiló la Cámara de Diputados, que aprobó un pedido de informes al Ejecutivo, presentado por Juliana Marino. Para los legisladores, la prórroga por cinco años “brindaría prioridad a los intereses de la firma concesionaria, que demostró, de modo objetivo, desinterés en asumir las tareas tendientes a proceder al traslado”, que “mejoraría la situación ecológica, ambiental y del tráfico vehicular de la ciudad de Buenos Aires y, simultáneamente, el desarrollo de zonas rurales de la provincia de Buenos Aires”.

Informe: Sebastián Ochoa.