Por primera vez el Estado argentino se pronunció oficialmente frente al caso de Víctor Hugo Saldaño. Diego Guelar, el embajador argentino en los Estados Unidos presentó un pedido de clemencia formal ante la gobernación de Texas pidiendo la revisión de la sentencia del cordobés condenado a muerte por un crimen cometido en el año 1995. En la presentación, Guelar puso énfasis en el tratamiento discriminatorio que se manifestó durante todo el proceso. Saldaño, dijo el embajador, “es el único argentino condenado a muerte en los Estados Unidos y su caso es un ‘leading case’ contra la discriminación racial”. La mediación no garantiza la revisión inmediata de la condena pero alienta el escenario de esperanza propiciado actualmente por la Procuración del Estado de Texas. Desde ese organismo se está promoviendo un pedido idéntico fundado también en los principios de “discriminación hispana”.
El peso del pedido de la embajada en Estados Unidos muestra “un cambio de actitud de la diplomacia argentina”. Esa fue la primera evaluación de Carlos Hairabedián, el abogado defensor de Saldaño. En su estrategia de defensa, las declaraciones de Guelar apuntalan la postura asumida recientemente por el procurador de Texas, John Cornyn: “Esto se suma al trabajo del procurador que está promoviendo lo mismo, todo parece indicar –dijo Hairabedián– que hay un clima propicio para Saldaño”.
Guelar le dirigió el pedido de conmutación de penas a Rick Perry, el gobernador de Texas. El fundamento central del reclamo estuvo centrado en los elementos discriminatorios que se manifestaron durante el proceso. Durante la primera parte del juicio, el tribunal de Texas puso el acento en el carácter hispano de Saldaño para subrayar su grado de peligrosidad. El argumento fue repudiado por los organismos de derechos humanos de todo el mundo y en junio del 2000 el caso pasó al Tribunal de Apelaciones de Texas por disposición de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. En aquel momento, el fallo consideró los argumentos del procurador Cornyn, recordado ahora también en la carta de Guelar. En aquella pronunciación, Cornyn reconocía “el grave error” de la Fiscalía al introducir un elemento racial como agravante de la condena: “Esto constituye una violación de los derechos de Saldaño, a la igualdad de protección legal y al debido proceso” porque “el uso de la raza en la sentencia de Saldaño perjudicó seriamente la equidad, integridad y reputación pública del proceso judicial”.
Eso dio origen a la llamada “Ley Saldaño” aprobada en noviembre del 2001 y mencionado por Guelar en su alusión al “leading case”. La ley modificó el Código de Procedimientos Penales de Texas, prohibiéndole al Estado presentar evidencias usando la raza o la etnia como argumento de criminalidad.