Dos millones de personas soportan el hecho de vivir en condiciones irregulares en el área metropolitana, según el relevamiento que efectúa un equipo de la Universidad de General Sarmiento. La investigación distingue entre villas –generalmente ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano–, asentamientos –resultado de ocupaciones organizadas de tierras, generalmente en zonas más alejadas– y otras formas como “miniasentamientos” y casas tomadas. El estudio encontró “un notable subregistro” en la información disponible, además de llegar a hallazgos inesperados, como el de que “tanto los más pobres como las elites de los countries ocupan el suelo en forma irregular”. En el caso de los más pobres, la mayoría de los planes de vivienda estatales se frustraron por vicios como no haber otorgado escrituras a los beneficiarios o haberlos trasladado compulsivamente sin atender a los efectos de ese desarraigo. Al mismo tiempo, “la Argentina está muy mal ubicada en la lista negra de desalojos por ‘usurpación’, contrarios a los tratados internacionales de derechos humanos”. Hoy se celebra el Día Mundial del Hábitat.
La investigación es efectuada por el equipo Info-Hábitat, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en un proyecto financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica (Secyt). En una primera etapa, “hemos advertido un notable subregistro en la información existente sobre villas y asentamientos –señaló Raúl Fernández Wagner, director del equipo–. Por ejemplo, el distrito del conurbano donde hay más ocupación irregular del suelo es, sin duda, La Matanza, con una población total de 1.300.000 habitantes y altas tasas de pobreza, donde las villas y asentamientos superan los cien mil habitantes: sin embargo, según la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, La Matanza tendría menos de 70.000 personas en esa situación; en Lomas de Zamora, en cambio, donde el registro es mejor, reconoce más de 92.000 personas en situación irregular”.
Las estimaciones del equipo Info-Hábitat son, para el conurbano, aproximadamente un millón de personas distribuidas en 700 a 1000 villas y asentamientos; se suman más de 100.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Pero a éstos hay que añadirles “casi un millón de personas en condiciones irregulares muy difíciles de registrar: una familia que ocupa aisladamente un lote; casas tomadas en la ciudad; loteos clandestinos, especialmente en el tercer cordón del conurbano. Esto aproxima el total a los dos millones de personas”, detalló Fernández Wagner.
Lo de los loteos clandestinos en el conurbano se debe a que “la ley provincial 8912, de 1977, obligó a los loteadores a hacerse cargo de los servicios en los terrenos loteados. Como esto resultaba caro, la cantidad de nuevos loteos cayó verticalmente y aparecieron los loteos clandestinos, cuyos compradores, engañados, creen ser propietarios cuando sólo son copropietarios del terreno loteado, nunca podrán escriturar y tendrán que hacerse cargo de toda la infraestructura –explicó el investigador–; en realidad, la forma legal de estos loteos es la misma de los countries, que también, según muchos juristas, están en situación irregular: curiosamente, tanto las elites como los más pobres ocupan el suelo en forma irregular”.
Pero a los countries no los desalojan. Para los habitantes de villas, asentamientos y casas tomadas, “a mediados de los ’90, el Congreso modificó el Código Civil permitiendo, en caso de ‘usurpación’, el desalojo inmediato con intervención de la Policía. Los organismos internacionales de derechos humanos llevan una lista negra de desalojos, donde la Argentina está muy mal ubicada –advirtió Fernández Wagner–, y algunos jueces, los menos, se niegan a estos desalojos que violan tratados internacionales a los que adhirió la Argentina”. Pese a esos tratados, “la Constitución Nacional, aunque en su artículo 14 bis admite el derecho a la vivienda digna, no reconoce la función social de la propiedad, que sí está presente en las constituciones de Colombia y Brasil, donde actualmente hay un Ministerio de las Ciudades. En Estados Unidos, si el dueño de un terreno en una ciudad lo mantiene baldío debe pagar impuestos progresivamente más caros, porque se admite que la ciudad es de todos y uno no puede hacer cualquier cosa con su propiedad”.
Además, según los investigadores de la Universidad de General Sarmiento, los planes de vivienda del Estado han incluido, hasta ahora, las claves de su propio fracaso: “En la gran mayoría de los casos, por diferentes problemas administrativos, los beneficiarios de viviendas nunca recibieron sus títulos de propiedad: entonces, la gente empieza a vender los inmuebles muy por debajo del precio de mercado, se genera un mercado informal, las familias rotan, nadie se ocupa del mantenimiento y las propiedades se degradan. La prueba está en que los conjuntos habitacionales donde sí se otorgaron escrituras están mucho mejor”, explicó Fernández Wagner.
La inversión estatal en viviendas populares resultaría más efectiva si incluyera la participación activa de los beneficiarios: “Doña Josefa, que vive en un barrio precario, tiene en su casa una peluquería donde atiende a vecinos; otra vecina a su vez le cuida los hijos: hay redes, relaciones, reciprocidades sociales, que se desgarran cuando a doña Josefa le dan, en otro barrio, un departamento que además va a ser demasiado chico para que ponga su peluquería. Entonces, va a terminar malvendiendo la nueva vivienda para volver a su barrio –comentó Fernández Wagner–. Lo mejor es apoyarse en las ONG de los barrios y no desarraigar a la gente. En este momento el Estado está poniendo dinero para construir, pero tendría que descentralizar esa gestión: bajar a los territorios”.
Hoy, Día Mundial del Hábitat, la entidad El Ceibo Trabajo Barrial convoca a la Jornada “La Ciudad y el Hábitat Social”, en el Centro de Información de las Naciones Unidas.