La Corte Suprema de Estados Unidos se manifestó a favor de mantener el “suicidio con asistencia médica” en el estado de Oregon. Esta decisión, que entrará otra vez en vigencia en 2006, servirá de jurisprudencia para otros estados, como California, que tienen previsto instrumentar leyes similares. La mayoría de los jueces avaló que sea “responsabilidad de los estados definir qué es una práctica médica legítima”.
La ley de Oregon que permite la eutanasia era aplicada desde 1997. Pero en 2002 el gobierno de George W. Bush la anuló y ordenó el procesamiento de aquellos médicos que en lo sucesivo otorgaran pastillas para morir. Según el gobierno federal, ayudar al suicidio “no es un propósito médico legal”, ya que –dice– el juramento hipocrático se formula para curar a la gente, no para matarla.
Ayer, la Corte tenía que decidir si el ex fiscal general John Ashcroft, un ultraconservador cristiano, sobrepasó sus atribuciones al emitir en noviembre de 2002 la directiva que anulaba la ley de Oregon. Paul Clement, abogado gubernamental, reafirmó que la ley federal sobre “sustancias controladas” votada en 1970, no autoriza a los médicos a prescribir sobredosis mortales a los enfermos. Pero el juez Stephen Breyer le respondió que “esta ley fue votada para impedir el uso y la dependencia de drogas, y no tiene nada que ver ni con la pena de muerte ni con la eutanasia”. Clement dio a entender que existen otros métodos además de la sobredosis de medicamentos para anticipar la muerte de un paciente terminal. “Sí, pero estos métodos son considerados menos suaves, más perturbadores, de los que prevé la ley de Oregon”, lo interrumpió la magistrada Ruth Ginsburg.
El juez David Souter evaluó como “insuficiente” la referencia a la ley federal, cuya interpretación cambió radicalmente entre la presidencia de Bill Clinton y la de Bush. “Resulta ciertamente bizarro que un ministro de Justicia pueda tener por sí solo la autoridad de decidir si el suicidio médicamente asistido puede ser autorizado en un estado”, insistió. Por su parte, el juez ultraconservador católico Antonin Scalia sostuvo que con la ley de Oregon “nadie podrá imaginar cuándo los médicos tomarán la resolución de matar a sus pacientes”.
El abogado de Oregon, Robert Atkinson, afirmó que “es responsabilidad de los Estados definir lo que a su criterio es una práctica médica legítima”, explicó. En los años que la ley tuvo vigencia, ayudó a morir a 170 personas, la mayoría enfermas de cáncer. Actualmente hay 208 en lista de espera. Para obtener el suicidio asistido, los interesados deben tener una expectativa de vida de menos de seis meses. Los propios enfermos deben también administrarse la sustancia mortal.