La Oficina Anticorrupción pidió a la Justicia que investigue si funcionarios de Lotería Nacional cometieron irregularidades al otorgar una concesión de espacios pertenecientes al Hipódromo de Palermo, donde funcionan un exclusivo salón de fiestas y un restaurante, por los que una empresa paga un canon irrisorio. Quien aparece como beneficiaria principal es la empresa Tattersall de Palermo SA, cuyo titular es el arquitecto Jorge Bernstein, quien subalquila parte del espacio para la explotación del restaurante Kansas. Por ambos lugares, ubicados en una de las zonas más caras de Buenos Aires, paga un canon de 12 mil pesos por mes. La denuncia de la OA se realizó casi un año después de que Página/12 hiciera público el caso.
La concesión original se otorgó en 1994, sin licitación, durante la presidencia de Carlos Menem, a la Asociación de Fomento Equino. En principio, el lugar iba a ser destinado al remate de caballos, pero terminó siendo un salón de fiestas. Esa suma de hechos irregulares dio pie a una causa penal por defraudación. La causa se inició por la falsificación de un permiso para demoler una edificación histórica, construida en 1876, para edificar el local donde hoy funciona el restaurante Kansas.
Bernstein fue procesado, pero la Cámara Federal le dictó falta de mérito. En el medio hubo un cruce de demandas judiciales entre Kansas, Lotería Nacional y Tattersall, que terminaron en 2003 con una mediación judicial, en la que todos ganaron menos la empresa estatal: se le otorgó a la Asociación de Fomento Equino una nueva concesión por diez años, con opción a otros cinco, con un alquiler de apenas 12 mil pesos mensuales.
La denuncia fue presentada por Marcelo Gey, legislador porteño entre 1973 y 1976 ante la OA y el juzgado de Sergio Torres, en noviembre de 2004. Ahora, el juez le pidió a la OA que le envíe la documentación sobre la causa, ante lo cual Abel Fleitas Ortiz de Rozas, su titular, se presentó como querellante en la causa. “Estaríamos ante la posible comisión de un acto de corrupción en el que estarían involucrados funcionarios públicos”, dice el funcionario. “Las maniobras, imputables a las autoridades del directorio de Lotería Nacional, afectaría los recursos económicos del Estado”, añadió.