Un grupo de ONG, entre ellas la Correpi y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, pidió ayer al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad la declaración de “inconstitucionalidad” del Código Contravencional porteño. La presentación no apunta a un artículo en particular sino a todo el ordenamiento legal sancionado poco más de un año atrás. El argumento central es que “no es más ni menos que un Código Penal con otro nombre” y no es facultad de una Legislatura local, sino del Congreso, la sanción de normas penales. Consultados por Página/12, tanto la procuradora general de la ciudad, Alejandra Tadei, como el legislador kirchnerista Helio Rebot descalificaron el planteo y coincidieron en considerar que carece de fundamentos jurídicos.
La presentación fue realizada por la Coordinadora contra el Código Contravencional, una entidad conformada por la Correpi, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Area de Estudios Queer del Centro Cultural Rojas y el Movimiento Territorial de Liberación (MTL). El Tribunal Superior ahora debe analizar si el planteo tiene suficientes fundamentos para darle curso. En caso de que así sea, dará traslado al gobierno de la ciudad para que responda a los cuestionamientos. Posteriormente, podrá fijar una audiencia pública en la que se expidan las partes.
“La Legislatura no puede sancionar este código porque se trata de un conjunto de normas penales, cuya aprobación sólo está reservada al Congreso, de acuerdo con la Constitución de la Nación”, sostuvo el abogado Gerardo Etcheverry, abogado de la Correpi y la Liga por los Derechos del Hombre. “En el Código Penal numerosos delitos tienen una pena mínima de privación de libertad de 15 días, en tanto que varias figuras del Código Contravencional superan ampliamente esa cantidad, que llegan en algunos casos a 60 y 90 días de arresto. Además, el Código Contravencional regula conductas que ya se encuentran establecidas expresamente en el Código Penal, como es el caso del delito de daño a la propiedad: el Código Contravencional castiga a quien ensucia bienes.”
“Lo que para diputados y senadores de la Nación no es delito, no puede ser considerado como tal por los legisladores porteños, con lo cual todo lo que no es daño contra la propiedad debe ser una conducta permitida”, agregó Etcheverry, para explicar por qué consideran la normativa porteña como un “Código Penal con otro nombre”.
El abogado consideró que la ciudad “sólo puede sancionar normativas vinculadas al poder de policía que ejerce el Ejecutivo porteño, como aquellas que controlan la actividad de los boliches o la edificación, pero nunca con penas de arresto: sólo puede imponer penas administrativas”.
“El mismo argumento planteó el Interbloque de Izquierda cuando se trató en la Legislatura el Código Contravencional. Estaban equivocados entonces y el Tribunal Superior de Justicia lo confirmará”, opinó el diputado Rebot, uno de los protagonistas en las negociaciones legislativas para alcanzar un consenso en torno de la polémica norma.
En diálogo con este diario, la procuradora Tadei opinó que el planteo no tiene fundamentos jurídicos. “La ciudad tiene facultad para legislar sobre conductas que no están penadas en el Código Penal. Además, el delito no se define en función de si tiene o no una pena privativa de la libertad. Qué es delito o no depende del criterio de los legisladores nacionales, en un momento histórico dado”, señaló Tadei. “La postura que sostienen quienes hacen la presentación es abolicionista, es una salida no punitiva de conductas contravencionales. Este Código es más claro y más preciso que el anterior, está funcionando muy bien y ha bajado notablemente la conflictividad material contravencional en la ciudad”, evaluó Rebot.
La Coordinadora contra el Código Contravencional pidió que también se expidan sobre la cuestión la Asociación de Abogados de Buenos Aires y al Colegio Público de Abogados.