El caso, ocurrido en la madrugada del domingo 17 de septiembre de 2000, provocó un escándalo que conmocionó al gobierno de Fernando de la Rúa e hizo tambalear a la cúpula de la Policía Federal, encabezada entonces por el comisario Rubén Santos. La increíble fuga del Departamento Central de policía, por la puerta principal de la calle Moreno 1550, sin disparar un solo tiro ni montar un operativo comando, fue protagonizada por los paraguayos Luis Alberto Rojas y Fidencio Vega Barrios, acusados por el crimen del vicepresidente del Paraguay Luis María Argaña, y por el argentino Daniel Agustín Cabrera, un famoso ladrón de bancos conocido como Tractorcito. El caso, que ocupó durante meses la portada de los diarios, está a punto de cerrarse sin condena para los tres fugados ni para los cinco policías –al comienzo hubo 30 uniformados sospechados– separados de la fuerza y procesados por “facilitación de fuga”, encubrimiento, falsedad ideológica y otros delitos. Para cerrar el cuadro incomprensible, el único molesto por el cierre de la causa parece ser Tractorcito Cabrera, porque necesita que se definan pronto todas sus causas para insistir en su pedido por lograr “salidas transitorias para trabajar y estudiar abogacía”, según le dijo a Página/12.
Esta semana tenía que haber comenzado el juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y María Cristina Bértola, pero la apertura del debate quedó demorada hasta que se defina si corresponde “la posible prescripción penal de la acción penal respecto de los imputados Hugo Miguel López (uno de los policías imputados, a cargo de la División Seguridad del Departamento Central) y Daniel Agustín Cabrera”, según notificó a los imputados la secretaria del tribunal, Adriana Palliotti. De hecho, lo mismo puede ocurrir con el resto de los acusados, los dos paraguayos fugados, recapturados en el Paraguay, y con los otros cuatro policías: Sofío Godoy y Violeta Locatelli, los dos custodios burlados de la Alcaidía; Víctor Parodis, acusado de facilitación de fuga culposa por haber prestado un handy a uno de los detenidos, y Pedro Noé de Rui, acusado de encubrimiento porque encontró el handy perdido y, en lugar de hacer la denuncia, lo devolvió a su dueño Parodis.
“Esto confirma que la Justicia es como las víboras: sólo muerde a los que están descalzos”, dijo a Página/12 Daniel “Tractorcito” Cabrera, en una entrevista realizada en el Complejo 1 de Ezeiza, donde cumple condena por otros delitos. “Yo voy a seguir preso, porque tengo otras causas, pero los policías, sospechados de facilitar la fuga, van a seguir libres, van a tener que ser reincorporados a la fuerza y les van a pagar todo lo que no les pagaron estos cinco años.” Ernesto Vissio, quien iba a representar a Cabrera en el juicio, sostuvo que su defendido “no quería la prescripción, porque él quiere cerrar sus causas y unificarlas en un juzgado federal, pero como abogados defensores no podemos rechazar una prescripción. Es como decir: quiero que condenen a mi defendido”.
Sobre la fuga, Tractorcito recordó que él llegó a la Alcaidía del Departamento Central de Policía el viernes 8 de septiembre de 2000, ocho días antes del escape, ocurrido a la 0.40 del domingo 17. “La fuga ya estaba en marcha y la inteligencia la habían realizado los paraguayos, que habían determinado que el mejor momento estaba entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, porque sólo había dos o a lo sumo tres custodios.” En la Alcaidía, además de Cabrera, Rojas y Vega Barrios, estaban los ex policías Norberto Bareiro, Diego Barreda y Bautista Huici, quienes estaban imputados por hechos relacionados con el atentado contra la AMIA, otra causa que también quedó impune.
Cabrera asegura que se enteró del plan de fuga tomando mate con Huici, a quien había conocido en circunstancias poco gratas para él: el policía lo había detenido una vez, en un operativo en el que participaron dos miembros de la mítica “maldita policía”, Mario “Chorizo” Rodríguez y Juan José Ribelli, absuelto en la causa AMIA. De acuerdo con lo dicho por Cabrera, los tres policías presos en esos momentos estaban al tanto de la fuga y por lo tanto, la encubrieron. Cuando la causa del Departamento Central estaba en su etapa de instrucción, a cargo del juez federal Gabriel Cavallo, el policía Barreda fue acusado de haber encubierto la fuga y de haber usado un handy durante ese operativo. Ese handy era del policía Parodis, procesado por la evasión. Una de las cosas más increíbles era que los detenidos más antiguos, es decir los tres policías imputados por la AMIA, podían hablar con celulares desde la Alcaidía del Departamento Central, aunque estaban presos.
El escape, según el relato de Tractorcito, fue, casi, como un juego de niños. “Primero llamamos a la covani (se refiere a la suboficial Violeta Locatelli) y le dijimos que Barreda estaba enfermo. No bien abrió la puerta la redujimos entre los tres y después hicimos lo mismo con el otro custodio (el suboficial Sofío Godoy). De allí en más, todo fue muy sencillo. La Alcaidía está en el primer piso y teníamos que ir a la planta baja. La salida natural es por Belgrano, por el portón de los Bomberos, pero nosotros dos nos fuimos por la puerta central, la de la calle Moreno. Saludamos a todos los covanis que estaban ahí, bajamos la escalinata y nos separamos. Yo me tomé un taxi y así fue todo.”
La presencia de dos custodios, para seis presos, fue el motivo por el cual fue procesado el comisario Hugo Miguel López, a cargo de la División Seguridad del Departamento Central. “Es indudable que la presencia de sólo dos personas en la guardia era insuficiente para vigilar a seis detenidos, uno de los cuales (Cabrera) tenía antecedentes de fuga”, dijo la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones al confirmar los cinco procesamientos de los policías que podrían quedar impunes por prescripción de la causa. Para Vissio, el abogado de Cabrera, “está claro que la causa está por prescribir porque hubo decisión política de no condenar a los policías involucrados. Eso está a la vista”. En el caso de Cabrera y los otros dos evadidos, la pena que contempla el Código Penal es de un mes a un año de prisión. En el caso de los policías, sobre todo López, las penas van de un mes a cuatro años, más inhabilitación absoluta y total para ejercer cargos públicos. “Los únicos que pagan son los giles”, sentencia Tractorcito.