SOCIEDAD
Tres jefes penitenciarios apartados tras una sugerencia presidencial
Solá pasó a disponibilidad a los tres máximos jefes del penal de Magdalena, donde murieron 33 internos. Lo hizo cinco días después de la tragedia, tras “un tirón de orejas” de Kirchner.
Con el alegado propósito de garantizar “la solvencia y la objetividad” de la investigación en marcha, el Ministerio de Justicia bonaerense dispuso el pase a disponibilidad de los tres máximos responsables del penal de Magdalena, donde murieron 33 reclusos tras un incendio. Se trata del jefe de la Unidad Penal 28 de Magdalena, inspector mayor Daniel Oscar Tejeda; del subjefe, prefecto mayor Néstor Fernando Lemos, y del jefe de la Oficina de Requisa, subprefecto Eduardo Rogelio Agustín Fernández Bustos. De hecho, el penal había sido intervenido tras el incendio, lo que significa que ninguno de los jefes estaba en funciones, pero la medida dispuesta tiene un carácter punitivo que parece obedecer a una sugerencia, vía telefónica, que el presidente Néstor Kirchner le hizo al gobernador Felipe Solá y que fue admitida por una fuente del Estado provincial. Al mismo tiempo, la Comisión Provincial de la Memoria, como adelantó ayer Página/12, presentó un hábeas corpus en cuyo texto se afirmó que lo ocurrido es “uno de los casos de mayor irresponsabilidad, desidia, negligencia y degradación institucional” que recuerda la provincia, motivo por el cual fue comparado con hechos ocurridos en el nazismo y durante la última dictadura militar argentina.
“El presidente Kirchner llamó al gobernador Solá para pedirle que tomara distancia del Servicio Penitenciario Bonaerense”, reconoció ayer, a este diario, una alta fuente del gobierno provincial. Otras fuentes señalaron que el llamado fue “un tirón de orejas a Solá” para que desplazara a toda la cúpula del penal de Magdalena. El vocero provincial sostuvo, por otra parte, que Kirchner y su esposa, Cristina, le habrían comentado al gobernador que “no había que descartar que lo ocurrido se tratara de una operación para perjudicar a Solá a una semana de las elecciones”.
La fuente provincial se mostró molesta por las denuncias formuladas por la Comisión Provincial de la Memoria, que tomó como base las declaraciones de los internos que trataron de ayudar a las víctimas. La provincia designó a 23 abogados que prestarán colaboración a los fiscales María Laura D’Gregorio y Sergio Delucis. Por otra parte, se supo que se analiza el traslado, para evitar “represalias internas”, de los presos que estaban en los pabellones cercanos al lugar donde ocurrió la tragedia y que fueron entrevistados por la Comisión Provincial de la Memoria.
La fuente provincial admitió que Solá hizo un mea culpa por la política, impulsada desde la época de Carlos Ruckauf y catapultada por el caso Blumberg, que llevó al incremento de penas y a poner trabas en cuanto a la flexibilización del régimen de prisión preventiva. El gobernador estaría dispuesto a modificar la actual legislación en la materia, aunque duda del apoyo que podría recibir la iniciativa en la Legislatura provincial. Otra falencia admitida por Solá sería la dura realidad de “no haber podido modificar (a pesar de la intervención del SPB) la cultura autoritaria que prevalece en la institución”.
Lemos, uno de los jefes pasados ayer a disponibilidad, había sido acusado por los internos de negarse a abrir las puertas del Pabellón 16 cuando los presos de las celdas cercanas intentaron rescatar a sus compañeros, una vez estallado el incendio. Sobre Tejeda, el ex director del penal de Magdalena, desde el gobierno provincial se aseguró que tenía “buenos antecedentes, porque es evangelista y había logrado progresos con los internos en una cárcel donde hay un pabellón” que agrupa a presos que tienen la misma fe religiosa.
Ayer comenzaron a prestar declaración los 78 guardias que estaban en el penal al momento del incendio. Lo que se trata de establecer es si intentaron socorrer a las víctimas o las dejaron encerradas, como denunciaron los internos. Una fuente cercana a la causa comentó que los miembros del SPB “no aportan grandes datos, porque demuestran que quieren mantener el espíritu de cuerpo”. La Comisión Provincial por la Memoria presentó ayer su hábeas corpus para demandar que “cese el agravamiento de las condiciones de detención que sufren los presos” bonaerenses. En la presentación se hicieron graves denuncias, adelantadas por este diario en su edición de ayer.