La Ley de Protección Integral de la Infancia que llegó para reemplazar al viejo sistema de patronato volvió a levantar polvareda tras su publicación en el Boletín Oficial. Ocurre que también se publicó un decreto que mantiene en funciones al Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, una institución “que no tiene otra función de ser que aplicar el sistema de patronato”, define Laura Musa, diputada del ARI. La inquietud fue compartida por Nora Schulman, del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, quien remarcó que “no nos queda claro por qué se le da continuidad a algo que se deroga expresamente”. “Pensamos que hubo presiones de algunos jueces y cuestiones gremiales: los trabajadores del Consejo piensan que pueden perder su trabajo”, agregó. Gabriel Lerner, director nacional de Derechos y Programas para la Niñez –que integra el Consejo–, explicó que se procura dar “continuidad jurídica” hasta tanto se pongan en marcha las instituciones que prevé la Ley 26.061.
La Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se sancionó el 28 de septiembre, tras quince años de debates. La derogación del patronato supuso un límite a las decisiones judiciales de internar a menores con fines asistenciales. Lo que motivó las quejas es el decreto 1293/2005, cuyo artículo 1º reza que el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia continuará desarrollando sus actividades “hasta tanto se encuentren en pleno ejercicio de sus funciones los nuevos organismos creados” para reemplazarlo.
“Es como derogar la pena de muerte y mantener vigente el uso de la silla eléctrica”, fue la comparación de Musa. Según indicó, en la parte resolutiva del decreto “no se fija una fecha para desarmar la institucionalidad de la ley y ordenar los programas que la hagan operativa, presentando ante los jueces los recursos correspondientes para lograr la externación de los niños y adolescentes. Uno puede admitir que haya transiciones en la transferencias de personal, pero no pueden continuar con la labor de la protección de los derechos del niño cuando la ley dice que esa defensa no debe ser desde instituciones de este tipo”, afirmó Musa.
Consultado por este diario, Gabriel Lerner defendió la continuidad del Consejo en sus funciones hasta que se avance en la transición. “Por ejemplo, si desapareciera el Consejo como persona jurídica los proveedores de alimentos podrían preguntarse si se les va a garantizar el pago de la prestación. Pero además el Consejo tiene adultos mayores y personas con discapacidad bajo sus programas que no van a ser transferidos. Si no existe la personería, ¿quien los va a contener?”, se interrogó.
–Se cuestiona que el decreto no especifica los plazos en que se concretará el traspaso. ¿Por qué no se fija la fecha límite? –preguntó este diario.
–El decreto no se mete en los plazos, pero no tiene que reafirmar nada porque un decreto no puede modificar una ley en plena vigencia y el plazo para la reglamentación ya está fijado en la ley. En ese decreto está el 0,5 del proceso de reglamentación: el 99,5 restante va a llevar 90 días y van a ser escuchados todos los actores interesados. En realidad, el decreto, si uno lo lee con buena intención, ratifica la voluntad política de aplicar la ley, pero de hacerlo con seriedad.
Schulman, del Comité de Seguimiento, destacó que tienen “una preocupación grande por este tema. Había que ponerse a trabajar en la reglamentación de la ley, hace quince años que estamos con esto y se sabía que en algún momento iba a salir. Podría quedar un Consejo residual, pero no en pleno funcionamiento. Es una situación, en todo caso, anómala”, definió.

Informe: Daniela Bordón.