En medio de la discusión con algunos sectores de la Iglesia sobre el proyecto de ley para llevar la eduación sexual a los colegios, el ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que no tiene ninguna rivalidad con los arzobispos de La Plata, Héctor Aguer, y de Resistencia, Carmelo Giaquinta. “Yo no tengo enemigos en la Iglesia”, sostuvo el funcionario, quien aseguró que su enemistad es con “los embarazos no deseados, la mortalidad infantil y materna, el sida o con que la gente no tenga educación”. González García recordó que el tema de la educación sexual en las escuelas no es un programa suyo, sino que se trata de políticas de gobierno que están siendo analizadas en el Congreso Nacional. Fuentes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados confirmaron ayer a Página/12 que está aprobado un proyecto consensuado en materia de educación sexual: “La aprobación del dictamen es un hecho porque tiene el apoyo unánime de los integrantes de la Comisión de Educación; sólo falta reunir las firmas”.
De todos modos, el mismo vocero aseguró que para que el proyecto llegue al recinto para su tratamiento, es necesario que lo aprueben antes “las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Legislación Penal, Salud Pública y Presupuesto y Hacienda”. El proyecto consensuado resume iniciativas presentadas por separado por los diputados Nélida Morales, María Barbagelatta, Irma Foresi y Luis Zamora. Las fuentes legislativas señalaron que la polémica en torno del tema, “lejos de contribuir a la discusión que se necesita para esclarecer los objetivos educativos del proyecto, no hace más que ponerle obstáculos que no deberían existir”.
En ese mismo sentido, intervino ayer el ministro González García. “Algún obispo y no la Iglesia ha dicho algo en contra del Programa de Salud Reproductiva, que es una ley que no es un invento mío; lo vamos a cumplir porque tiene que ver con los derechos de las mayorías”, resaltó el ministro. El funcionario trató de terminar la controversia: “Mi misión es sanitaria, no estoy para calificar las expresiones de los obispos, estoy para hacer programas que le sirven al pueblo argentino”.
González García hizo declaraciones a la prensa luego de dejar inaugurado un congreso mundial sobre Tratamiento de Residuos Sólidos (ver página 15). La pregunta inicial intentó que se pronunciara sobre las expresiones del presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Carmelo Giaquinta, quien anticipó que sería capaz de llamar “a la desobediencia civil” si el Estado “piensa que el rumbo de la educación (en este caso sexual) se hace repartiendo anticonceptivos entre alumnos menores de edad”, como habría ocurrido la semana pasada entre alumnos de sexto y séptimo grado de la Escuela número 40 de la ciudad de La Plata.
Ese caso, que tuvo mucha repercusión en algunos medios de prensa, es ahora investigado por las autoridades de la provincia de Buenos Aires, para tratar de establecer cómo ocurrieron los hechos. Una fuente del Ministerio de Salud provincial le dijo ayer a Página/12 que fue sancionado un psicólogo social que, “al parecer, sólo le mostró algunos preservativos y pastillas anticonceptivas a los alumnos”. La fuente dijo que “no es oficial que haya habido una entrega directa a ningún niño, pero al parecer algunos de ellos tuvieron acceso a esos elementos. La investigación está en marcha y podría ser sancionada la directora del establecimiento”. Ayer, González García calificó de “disparate” la posibilidad de entregarle preservativos a niños de primaria.
La reapertura de la polémica entre Ginés González García y algunos obispos reflotó la brutal frase del ex obispo castrense Antonio Baseotto, quien apelando a una frase bíblica deslizó la idea de arrojar al mar del ministro. Giaquinta retomó el domingo el espinoso asunto, cuando recordó que Jesús dijo, sobre el adulto que hace perder “el rumbo” a los niños, que sería preferible “que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar”. Ayer, para tratar de aquietar las aguas, el ministro de Salud admitió que su madre llegó a preocuparse por la posibilidad de que lo arrojaran al mar. “Cuando ella me preguntó si me asustaba, yo le respondí: ‘Mami, yo sé nadar’”, dijo el ministro, con lo que trató de minimizar y bajarle el tono a la controversia.
En la misma línea de Aguer, Baseotto y Giaquinta se manifestó ayer la Corporación de Abogados Católicos, una entidad que agrupa a los sectores más conservadores de la profesión. Los firmantes se dirigieron a “los titulares del Poder Estatal”, así en mayúsculas, para demandar que “no se autorice la ampliación a todo el país de la instrucción sexual” en los colegios. Los miembros de la corporación consideraron “inconsulta” la actitud asumida por “algunos funcionarios y legisladores” en materia de educación sexual y por eso los exhortaron a “abstenerse de aprobar tamañas agresiones contra la familia”.