El futuro de una casona que se encuentra dentro del casco histórico del barrio de Flores está en manos de los vecinos. Este inmueble, cuya propiedad se atribuye a la Iglesia, está protegido por ley de posibles demoliciones, reformas, subdivisiones u obra nuevas. Sin embargo, sus propietarios comenzaron a demolerlo hace dos años y una presentación vecinal logró parar la destrucción total. Ahora, un proyecto de ley –impulsado por el diputado macrista Santiago de Estrada– pretende terminar con la protección de la propiedad. Eso es lo que se definirá en la audiencia pública, que se efectuará el miércoles próximo y para la cual los interesados tienen tiempo hasta mañana para anotarse en la Legislatura. Para los vecinos, el negocio inmobiliario prevalece por sobre el patrimonio.
La propiedad en cuestión es la denominada Casa Piana, situada en Membrillar 68, donde funcionó el Café Bar La Subasta y un centro cultural religioso. “Este espacio es un valor de referencia en el barrio, es parte de la memoria del pueblo de Flores”, dijo a este diario Lilia Saralegui, ex legisladora y coordinadora del Centro Cultural Marcó del Pont, de Flores. “La familia Piana es una de las más viejas de la zona, muy vinculada a la Iglesia, y vendió su propiedad a la Curia”, añadió.
Para preservar este tipo de lugares, en agosto de 2000 fue aprobada la modificación al Código de Planificación Urbana que establece nuevas Areas de Protección Histórica (APH). La número 15 correspondió a Flores y está “conformada por 31 predios entre los que se cuentan edificios, plazas y la iglesia”, señaló Saralegui, autora del proyecto de ley.
El 21 de septiembre de 2003, sin autorización de demolición, comenzó la demolición del inmueble y una activa movilización de vecinos y del defensor adjunto del Pueblo porteño, Gustavo Lesbegueris, frenaron esta acción.
Lesbegueris relató que se enteró de lo que ocurría a través de los vecinos. “Esa demolición fue ilegal, hicimos un informe para que intervenga el Gobierno y ellos clausuraron la obra.” En resumen, subrayó que “el daño ya está hecho, el barrio lo vivió como un ataque al patrimonio histórico”.
Esta casona posee el “menor grado de protección, que indica que no se le puede modificar la fachada ni la volumetría”, explicó Oscar Degregori, asesor legal de la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Secretaría de Cultura porteña.
La audiencia pública que se llevará a cabo el miércoles va a tener lugar porque el proyecto de De Estrada fue aprobado en primera lectura y con posterioridad volverá a tratarse en la Legislatura en segunda lectura, donde será convertido en ley o rechazado.
En apoyo al libre uso del predio, el proyecto –que firma también el kirchnerista Miguel Talento– argumenta que “la propiedad en cuestión es de dominio privado, su propietario nunca fue consultado o notificado, a pesar de que las normas de procedimiento así lo exigen, y al tomar conocimiento de que su inmueble está incluido en el listado del Código de Planeamiento Urbano entre los edificios a catalogar, él está en desacuerdo y no la acepta.” Por otra parte se señala que “se describe como uso actual de inmueble el de museo, centro comercial cultural y eso no sólo no es así sino que jamás por el estado del edificio podría cumplir esa función”.
De Estrada está “vinculado a la Iglesia, fue embajador ante la Santa Sede”, señaló Saralegui, estableciendo de este modo cierta relación entre sus supuestos dueños y quien presenta el proyecto de ley. Para la ex legisladora “éste es el primer antecedente para que alguien con poder pueda modificar una ley. Desde un factor de poder importante se quiere violentar una norma y convalidar una contravención”.
Fuentes vinculadas con el caso estiman que, con la demolición, los propietarios lograron desvalorizar la propiedad. “Le quitan el valor histórico y lo desmerecen patrimonialmente para sacar renta de esto”, agregaron.

Informe: María Sol Wasylyk Fedyszak.