La instalación de las plantas papeleras en Uruguay tenía hasta ahora promotores y opositores bien definidos. A favor están los propios empresarios y el gobierno uruguayo. En contra, los vecinos de Entre Ríos, el gobierno de esa provincia y el Estado nacional, que consideran que los emprendimientos contaminarán el medio ambiente. Pero alguien sumó más leña al fuego. Y el lugar común cobra validez porque se trata del director de Recursos Forestales de Corrientes, Luis Mestre, quien señaló a Página/12 que “no hay fundamentos” para oponerse a esos proyectos, al tiempo que se mostró interesado en que se establezcan industrias de celulosa en su provincia. La Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú le respondió que está “en contra de las plantas en cualquier punto del país”.
“Corrientes tiene un patrimonio forestal lo suficientemente importante como para que los interesados en establecer industrias celulósicas vean a la provincia como una alternativa”, sostuvo Mestre.
El ministro se encargó de desmentir “totalmente” las versiones que indicaban que la provincia había tentado para trasladarse a las empresas que se están instalando en Uruguay, en la ciudad de Fray Bentos. “No hubo conversaciones con ninguna empresa y las que están en Uruguay no van a mudarse. Ojalá supiéramos del interés de alguien”, afirmó el director de Recursos Forestales.
Desde el punto de vista de Mestre, la industria celulósica no tiene por qué ser perjudicial para el ambiente. “Hay estándares internacionales en cuanto a exigencias sobre impacto ambiental que se aplican en los países desarrollados, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? En lugares como Finlandia hay plantas, y no creo que sean tontos. Mientras tanto, nosotros nos estamos perdiendo oportunidades que en cambio aprovechan Brasil y Uruguay”, dijo.
En defensa de las iniciativas uruguayas, Mestre citó un estudio de la ingeniera de la Universidad Nacional de Misiones, María Cristina Area, según el cual “el proceso de las plantas papeleras se adecua a la legislación uruguaya y cumple con los estándares europeos de impacto ambiental”. “En todo caso –sostuvo el funcionario–, vamos a saber si las cosas se hacen bien cuando comiencen a producir.” En cuanto a la oposición del gobierno de Entre Ríos consideró que “no hay fundamentos para asumir una actitud contraria”.
En la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú las palabras de Mestre no cayeron bien. “Nos oponemos a cualquier planta en Uruguay o en Entre Ríos, pero también en cualquier punto del país”, manifestó a este diario Jorge Daneri, integrante de la organización vecinalista. “La idea de esperar a ver si se contamina o no es la que en el mundo dio lugar a la muerte de miles de personas. No hay margen para hacer experimentos”, respondió. Daneri fue terminante: “No estamos dispuestos a ser cómplices de las actitudes de este tipo de funcionarios”, aseveró.
Los dichos de Mestre también chocan con las posturas del Estado entrerriano, que a través de su gobernador, Jorge Busti, presentó demandas en diversos organismos internacionales para frenar los emprendimentos en Uruguay. Y se estrellan con las ideas de la Cancillería, que apoya esas iniciativas.

Informe: Lucas Livchits.