Las consultas efectuadas hasta ahora sobre las papeleras que se construyen en Fray Bentos, Uruguay, fueron “apresuradas y presentadas como hechos consumados”, según un dictamen producido por la ombudsman de la Corporación Financiera Internacional, entidad dependiente del Banco Mundial, que debe decidir sobre la financiación de los emprendimientos. La funcionaria exigió la realización de un informe que “proporcione respuestas a las preguntas sobre los riesgos sociales y ambientales” de la obra, para lo cual solicitó la intervención de “expertos independientes de alto nivel”; éstos deberían evaluar “los impactos potenciales en las comunidades locales y de pesca turística”, los “impactos en la productividad agrícola” y, “definitivamente, abordar la cuestión de si el turismo y las plantas de celulosa son compatibles”. La resolución de la ombudsman pone en cuestión el otorgamiento de los créditos que la Corporación Financiera Internacional tiene en carpeta para las papeleras y otorga legitimidad a las protestas populares que se vienen desarrollando. Según la funcionaria del Banco Mundial, la Asamblea de Gualeguaychú es “una voz poderosa y coherente”, que ha formulado “preguntas legítimas”.
La Corporación Financiera Internacional (CFI) es la rama del Banco Mundial dedicada a financiar empresas privadas, como en este caso la española ENCE y la finlandesa Botnia, que encaran la construcción de fábricas de celulosa, cerca de Fray Bentos, por montos respectivos de 660 y 1200 millones de dólares, de los que la CFI aportaría 200 millones en cada caso. El ombudsman de la CFI se ocupa de “atender los reclamos de personas afectadas” y de “mejorar los resultados sociales y ambientales” de los proyectos. La actual titular del cargo es Meg Taylor, quien el mes pasado efectuó una evaluación de campo en la zona.
En su dictamen, al que tuvo acceso Página/12, la ombudsman concluyó que “las evaluaciones de impacto ambiental no abordan adecuadamente las preocupaciones de las personas potencialmente afectadas”: según precisa, estas evaluaciones “no proporcionan suficiente evidencia de que se hayan atendido las preocupaciones por impactos potenciales en el turismo y la agricultura”; además, “existe muy poca evidencia de que se haya consultado a empresas o individuos potencialmente impactados, tales como operadores de turismo o pescadores, especialmente en Argentina”. Además –como problema específico para el Uruguay–, las evaluaciones “no toman en consideración las consecuencias sociales sobre la tenencia de la tierra y la equidad social como resultado de las grandes plantaciones de eucalipto” requeridas para el funcionamiento de las papeleras.
En particular, continúa la funcionaria, “la CFI parece no haber requerido que cada evaluación de impacto ambiental abordara si el proyecto tendría impacto en la gente, el medio ambiente y la subsistencia local en la Argentina”. En cambio, “los procesos de consulta y divulgación dan la impresión de haber sido apresurados y presentados como hechos consumados a aquellos a quienes se consultaba”. Además, “se ha puesto muy poco énfasis en la naturaleza transfronteriza de los posibles impactos, y no hubo suficiente reconocimiento de la legitimidad de las preocupaciones y temores de las comunidades”. La funcionaria tomó en cuenta “una reclamación firmada por más de 39.000 personas tanto de Argentina como de Uruguay y afirmó que “la Asamblea en Gualeguaychú ha llegado a ser una voz poderosa y coherente que ha hecho surgir preguntas legítimas acerca de la mejor manera de promover el desarrollo en el Río Uruguay”.
La ombudsman requiere un estudio ambiental acumulativo que identifique “impactos potenciales en la calidad de agua” y “en la productividad agrícola”, así como “definitivamente, abordar la cuestión de si el turismo y las plantas de celulosa son compatibles dadas las propuestas vigentes”. La funcionaria efectuará, en el plazo de un mes, “una auditoría sobre los procedimientos de la CFI”.
Raúl Estrada Oyuela, director de medio ambiente de la Cancillería argentina, afirmó que el documento de la ombudsman “recoge los puntos de vista de la Cancillería” y destacó que “la importancia de que la CFI otorgue o retacee un crédito no consiste sólo en el dinero, sino en que un crédito de ese organismo otorga legitimidad internacional a un proyecto”.
Horacio Melo, integrante de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, estimó que el pronunciamiento de la ombudsman es “la conquista más firme que hemos tenido en los últimos tiempos: ha sabido reflejar las preocupaciones de los vecinos y reconoce el impacto transfronterizo de las obras”. El militante vecinal destacó que “el nuevo estudio ambiental acumulativo se efectuará con consultoras más serias” y observó que “si no hubiera sido por la intervención de la ombudsman, el Banco Mundial ya daba por hecha la asistencia financiera”.