Un ciudadano español acusado de narcotráfico que se encuentra detenido en la cárcel de Devoto tendrá la posibilidad de esperar el juicio oral en libertad. El beneficio le fue otorgado por la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico porque, según sostiene, el Servicio Penitenciario Federal no podría afrontar el gasto necesario para suministrarle los medicamentos que su estado de salud requiere. No obstante, fuentes del Ministerio de Justicia, de quien depende el SPF, si bien reconocieron a Página/12 que se trata de una persona con VIH y hepatitis B, aseguraron que el detenido se encuentra en “buen estado de salud general”, que recibe atención médica y que aún no fueron notificados de la decisión de la Justicia. De todos modos, el hombre seguirá preso por ahora ya que aseguró que no puede juntar los 20 mil pesos que le fueron fijados como caución.
Francisco Javier J. C. ingresó a las celdas de Devoto el 17 de mayo pasado. Es sospechoso en una causa por contrabando de estupefacientes agravado, en la que las penas posibles van de los cuatro años y medio a los 16. Si a eso se le suma que se trata de alguien que no posee un domicilio establecido en el país, las probabilidades de una excarcelación eran pocas. Pero los camaristas Nicanor Repetto, Juan Carlos Bonzón y Edmundo Hendler dispusieron conceder la excarcelación bajocaución.
Según los camaristas, si J. C. continúa tras las rejas su salud podría correr peligro. Como “no hay garantías suficientes para sostener que se han de cumplir con las debidas condiciones de detención del imputado y, en consecuencia, por estar en juego su salud, corresponde hacer cesar el encierro preventivo”, consideraron los magistrados.
Aunque reconocen que “la excarcelación solicitada no resultaría procedente”, expresaron que “teniendo en cuenta las particulares circunstancias que concurren en el caso”, creen pertinente concederla porque “conforme consta en el legajo formado con relación al estado de salud, el servicio penitenciario no puede asegurar el suministro de la medicación necesaria a tal fin”.
La resolución asegura que el SPF presentó una “excusa referida a que el precio de la medicación impide su suministro” y los jueces consideran que tal argumento “resulta inconcebible”, ya que el Estado debe cumplir con la obligación de “proveer asistencia médica a toda persona detenida”.
En el Ministerio de Justicia saben que J. C. es portador de VIH y que padece hepatitis B, por lo que es atendido por médicos del Hospital Muñiz. También citan un estudio médico de octubre que concluye que “tiene un buen estado de salud general y está hemodinámicamente compensado”, con lo cual descuentan cualquier riesgo para su salud. Al mismo tiempo, indican que los abogados solicitaron un estudio para determinar la carga viral de hepatitis C, que está inconcluso porque en el Muñiz no disponen de los reactivos necesarios.
Los jueces dicen que “no obstante los reiterados pedidos efectuados (al Servicio Penitenciario) por el señor juez referidos a la urgencia de efectuar exámenes médicos concretos y de procurar la provisión de la medicación respectiva, no se han cumplido con lo requerido y sólo se han obtenido respuestas parciales, incompletas e infundadas”. El tratamiento solicitado requeriría unos 9 mil pesos mensuales. El SPF aguarda tener un diagnóstico completo para saber qué tratamiento debe suministrar. Resta saber si el supuesto narcotraficante irá a buscar los resultados de los análisis.