En la Cámara de Diputados está todo en condiciones para que se trate, en cualquier momento, el proyecto de ley que crea el Programa Nacional para la Educación Sexual en todos los colegios estatales y privados del país, desde el nivel inicial. El dictamen aprobado por las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia –a cuyo texto tuvo acceso Página/12– tenía como límite para su tratamiento el 30 de noviembre, pero ahora el plazo finalizará el 30 de diciembre, fecha hasta la cual se extendió el período de sesiones ordinarias por decreto 1405 del Poder Ejecutivo. Con motivo de la renovación parcial del Congreso que se producirá el 10 de diciembre, caducarán todos los proyectos que no se aprueben antes de la finalización del año en curso. En el caso de una iniciativa controvertida como la de educación sexual en los colegios, se presume que la postergación renovará la polémica y que podría ser un factor negativo, desde la óptica de quienes impulsan la iniciativa.
“El proyecto está para ser tratado en cualquier momento, lo que se puede producir si la Comisión de Labor Legislativa incluye en el orden del día o incluso si se motoriza su tratamiento sobre tablas”, explicó a este diario la diputada Juliana Marino, de Fuerza Porteña. Sobre la suerte que puede correr el proyecto, ninguna de las fuentes consultadas quiso adelantar pronóstico alguno. “En Diputados, en las comisiones, recibió el apoyo de todos los colores del justicialismo, desde el duhaldismo al kirchnerismo, del ARI, el socialismo, radicales y de distintas fuerzas, de manera que las perspectivas son buenas”, comentaron en forma coincidentes varios de los consultados.
En el Senado ocurriría algo similar, dado que tendría el apoyo de un abanico que va desde Vilma Ibarra (Frente Grande) hasta Silvia Giusti (justicialista, Chubut), desde Diana Conti (Frepaso) hasta Silvia Gallego, peronista de La Pampa, entre muchos otros. Por lo espinoso del tema, los que impulsan el proyecto optan por el perfil bajo. Eso se expresa también en los fundamentos del proyecto consensuado aprobado por las comisiones de la Cámara baja. En uno de los párrafos se aclara que los legisladores son “conscientes” de que la Educación Sexual en las escuelas “será complementaria de la que el alumno reciba de su familia” y que por lo tanto “de ninguna manera se impondrán pautas éticas contrarias a las convicciones familiares”.
La iniciativa propicia la creación del Programa Nacional para la Educación Sexual por entender que “todas las personas tienen derecho a recibir gratuitamente educación sexual en los establecimientos educativos de gestión pública y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, municipal y de la ciudad autónoma de Buenos Aires”. El programa estará destinado a los alumnos que asistan “al nivel inicial, a la Educación General Básica, al ciclo Polimodal o sus equivalentes, a la educación técnica, a la educación especial, a la educación de adultos, a la educación artística y a los Institutos Superiores de Formación Docente”.
En el marco del programa se desarrollarán “actividades en forma sistemática y continua” de “dictado obligatorio por parte de los establecimientos educacionales comprendidos en esta ley, conforme al proyecto institucional consensuado, respetando sus convicciones”. Los “ejes básicos” serán fijados por el Ministerio de Educación, en conjunto con el Consejo Federal de Cultura y Educación, sobre la base de lo establecido en la convenciones sobre los Derechos del Niño y sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
En cada jurisdicción se elaborará el Programa respectivo, sobre las siguientes pautas establecidas en el proyecto:
a) Diseño de los módulos de enseñanza, secuencia y abordaje pedagógico en función de las necesidades de los grupos etarios y de la realidad socio-cultural de las comunidades educativas,
b) Diseño, producción y selección de los materiales didácticos.
c) Seguimiento, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades realizadas.
d) Difusión de los alcances, objetivos y modalidades de la ley en los distintos niveles del sistema educativo en cada jurisdicción.
e) Capacitación permanente y obligatoria a los educadores.
La ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo a los 120 días de su sanción, a través del Ministerio de Educación, que deberá enviar un informe al Congreso sobre la evaluación del impacto en cada jurisdicción. En el informe dirigido a la Cámara de Diputados, se afirma que “la sexualidad es la base de las relaciones humanas y del crecimiento de nuestro ser y sentir individual”, porque “la vivenciamos y reconocemos como un elemento fundamental en nuestra vida”. A continuación se admite que, sin embargo, “de manera paradójica hay algo en la sexualidad y sobre todo cuando se plantea el abordaje con niños y adolescentes que nos causa incomodidad, nos asusta y no toleramos”.
Luego se sostiene que el Estado tiene “una función indelegable en materia de fijar políticas educativas, y dentro de ellas, consideramos que los alumnos tienen derecho a recibir educación sexual vinculada a una salud reproductiva y procreación responsable en el marco del respeto por los derechos humanos en las relaciones privadas”. Se agrega, en ese sentido, que “la escuela es un medio idóneo para esta tarea, pero compartiendo responsabilidades con los progenitores se logrará consolidar la formación integral del individuo”.