Los pequeños productores que habitan en los esteros del Iberá, en el centro de la provincia de Corrientes, creen que un proyecto que se presenta con intenciones ecologistas pone en peligro su forma de vida y sus actividades económicas. La fuente de sus preocupaciones es un plan del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que pretende que esa región, cerca de 1,3 millón de hectáreas, pasen a manos de una ONG para su conservación. Los habitantes del lugar creen que de ese modo serían desalojados y ya no podrían desarrollar ninguna actividad productiva. Detrás de la movida ven la mano del multimillonario Douglas Tompkins, que ya compró unas 230 mil hectáreas en la provincia. El plan aún debe ser ratificado por la Cámara de Diputados correntina. Los productores harán hoy una manifestación frente a la Sociedad Rural de la ciudad de Mercedes para oponerse y pedir que se los escuche.
La zona de los esteros abarca 1,3 millón de hectáreas a lo largo de siete departamentos de la provincia. Ese territorio fue declarado reserva provincial en 1983. El 40 por ciento son tierras fiscales, mientras que las restantes son privadas y se utilizan en pequeñas producciones agropecuarias, en algunos casos de subsistencia.
El Plan de Manejo y Conservación de la Biodiversidad de los Humedales de los esteros del Iberá surgió de un convenio firmado en el 2002 entre el gobierno argentino y el Fondo para el Medio Ambiente, un organismo dependiente del Banco Mundial. Su objetivo principal es adquirir la totalidad de las tierras privadas para protegerlas del posible mal uso. La ejecución del plan estará a cargo de la Asociación Civil Fundación Ecos, de Corrientes.
Pero los fines ecologistas no están tan claros para los pobladores. “Lo que quieren hacer es restringir totalmente la producción para que los productores se tengan que ir”, advierte Mabel Moulin, integrante de la Fundación Iberá Patrimonio de los Correntinos. Según ellos, el plan establece que sólo “eventualmente” las tierras sean donadas al Estado.
El avance sobre las tierras correntinas ya empezó. La Conservation Land Trust (CLT), una ONG fundada por el magnate Douglas Tompkins, poseedor de tierras en la Patagonia, compró unas 230 mil hectáreas a particulares dentro de la reserva por cerca de 10 millones de dólares. De allí “fueron desalojadas personas que vivían en el lugar desde generaciones, por lo que podrían haber reclamado la propiedad, y tenían actividades de subsistencia. Ahora, los nuevos dueños cerraron caminos y los productores de otras zonas no pueden acceder al agua. Con eso, además, logran bajarles el valor a las tierras para después comprar más barato. Y sabemos que el que puso los candados es Tompkins”, sostiene Moulin, quien también es productora rural.
Los reclamos también hacen foco en cómo fue la elaboración del plan de manejo. Para ello, Ecos firmó un convenio con el Estado correntino por el cual dispuso de información técnica sobre las propiedades: tipo de suelo, forestación, ganado, entre otros. Los productores desconfían del uso que una organización privada pueda hacer de esos datos.
Aún hay más. Quienes resisten el plan de manejo sostienen que el proyecto es financiado por el PNUD, que aporta 975 mil pesos. Sospechan además que detrás de todo se encuentran los dólares de Tompkins. De acuerdo con Moulin, el director del plan por parte de Ecos, Miguel Reynal, es esposo de María Leichner, presidenta de Ecos y a la vez representante legal de CLT.
Siguiendo los cálculos de la Fundación Iberá Patrimonio de los Correntinos, la aplicación del plan de manejo dejaría sin su sustento a unos 1500 productores. Por otra parte, niegan que sus actividades sean perjudiciales para el medio ambiente. “Les pedimos pruebas sobre si afectamos negativamente el ambiente –relata Moulin– y no las tienen. También presentamos estudios que demuestran que no hay contaminación y que las tierras se mantienen intactas.”
El temor de los productores es que, de llevarse a cabo el proyecto del PNUD, la situación de quienes fueron echados se vuelva masiva. “Se oponen a toda producción y todo tipo de desarrollo, ni siquiera tenemos electrificación porque no dejan pasar los cables. Y del Estado sólo recibimos un silencio total”, se queja Moulin.
Para que el plan se implemente resta que lo ratifique la Cámara de Diputados de Corrientes, que se reunirá para tratarlo el próximo 27 de diciembre. Antes se reunirán los productores para manifestar su rechazo: lo harán hoy por la mañana en la localidad de Mercedes, en el corazón del los esteros del Iberá que quieren conservar.

Informe: Lucas Livchits.