Este año, las fuerzas de seguridad provocaron más muertes que nunca desde 1983, un total de 183, según el informe anual elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que será presentado hoy a las 17 en Plaza de Mayo. A diferencia de 2004, cuando se producía una muerte cada 60 horas, durante 2005 ocurrió cada 48 horas, es decir, día por medio. La entidad precisó que el 64 por ciento de las víctimas son jóvenes de 15 a 25 años, y más de la mitad menores de 18. La entidad cuestionó al Poder Ejecutivo por el incremento del abuso policial.
“Casi 1900 víctimas de la represión policial en democracia demuestran que no es un policía, es toda la institución; no son errores ni excesos, es una política de Estado, y el gobierno de los derechos humanos la aplica más que ninguno”, sostuvo la Correpi. “Durante los treinta meses que van del actual gobierno se produjeron 420 casos, durante la administración de Fernando de la Rúa fueron 436 (contando la represión de diciembre de 2001), y durante la segunda gestión de Carlos Menem hubo 383 muertes”, agrega el informe.
La clasificación de estos casos según la circunstancia de la muerte indica que el 44,6 por ciento se produjo en cárceles y comisarías, o con posterioridad a ser liberados pero a raíz golpizas recibidas durante la detención. Este porcentaje incluye los hechos de tortura. El resto de los casos corresponden al denominado gatillo fácil, que a su vez fue diferenciado de esta manera: el 23,4 por ciento son muertes de un presunto ladrón, el 14,6 fueron homicidios en ocasión de discusiones o prepotencia, el 3,6 fueron asesinatos de terceros (cuando la policía apunta a un presunto delincuente pero mata a un inocente), el 3 por ciento son causas fraguadas que resultaron en homicidios, y el resto tuvieron lugar en otras circunstancias. Respecto de las fuerzas involucradas, el 69 por ciento corresponde a policías provinciales, el 10 a la Policía Federal, el 1,2 a la Prefectura, el 1,7 a la Gendarmería y resto a otras fuerzas. La provincia de Santa Fe es la de mayor cantidad de casos, según un cálculo proporcional por cantidad de habitantes, seguida por Buenos Aires, Catamarca, La Pampa, Corrientes, Córdoba y Capital Federal.
Según el informe, el Poder Judicial tiene su parte a la hora de dificultar la clara identificación de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en estos hechos. Desde 1983, gran parte de las muertes en cárceles y comisarías se produce por torturas, pero no llegan a una docena las condenas por este delito dada la reticencia de los jueces a aplicar esa figura penal.
El archivo de casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en Argentina es actualizado en forma anual desde 1995. Este año estarán como oradores en Plaza de Mayo las organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados reprimidos, los familiares de la masacre de la cárcel de Magdalena, los familiares de los asesinados por Gendarmería en Salta entre 2000 y 2002, ex presos políticos y perseguidos por las movilizaciones contra George W. Bush. Cerrarán el acto los familiares de víctimas organizados en Correpi, con un discurso en el que caracterizarán la situación represiva y darán los datos del archivo.
El organismo no cuenta los casos de enfrentamiento policial sino sólo los de represión, cuando la víctima está indefensa y no representa peligro para terceros. Si un delincuente se tirotea con la policía no será parte del archivo, pero seguramente lo integrará un ladrón de pasacassettes que es abatido por la espalda mientras escapa. Las cifras son “estimativas” porque hay casos que siguen sin ser denunciados.
En 1995, en una ronda periodística, el entonces ministro del Interior Carlos Corach fue preguntado por las denuncias de asesinatos de gatillo fácil y muertes por tortura difundidos por Correpi. El funcionario respondió que “no existe gatillo fácil sino la noticia fácil”, y esas palabras movilizaron a la Correpi para sistematizar toda la información que tenían para demostrar la real envergadura de las políticas represivas del Estado con datos precisos. “No se trata de un lastimero recuento de las víctimas de la policía, ni de un acompañamiento solidario y simbólico a sus familiares. Es la denuncia más concreta que se da, año a año, de la continuidad de las prácticas represivas desde 1983”, expresó Correpi en su boletín semanal.
Según la visión del organismo, este año hubo un “incremento de la militarización de las calles, de la prohibición a reclamar, y de los cercos policiales” a las plazas públicas.