Domingo Montanaro fue designado juez subrogante a principios de este año y desde entonces ganó fama por sus fallos y actitudes polémicas. Fue particularmente duro con los ocupantes de edificios, a quienes no sólo ordenó desalojar sino que los procesó por usurpación y asociación ilícita. También fue conflictivo con el personal de su juzgado y hasta los fiscales resolvieron turnarse cada diez días por no tolerar su carácter. Ahora, el Consejo de la Magistratura le revocó la subrogancia que ocupaba en un juzgado Correccional. “Su perfil no se condice con la mesura, la prudencia y la naturaleza del Poder Judicial”, dice el dictamen negativo, que firmaron los jueces María Laura Garrigós de Rébori, Luis Ameghino Escobar y Mario Filozof, de la Cámara del Crimen.
El dictamen de Filozof califica a Montanaro como “un hombre honesto y laborioso”, pero contrapone que “se extralimita generando conflictos con empleados, abogados, fiscales y partes en los sumarios”. Por su parte, Garrigós de Rébori destacó en que “cinco agentes del juzgado (que subrogaba Montanaro) han sido licenciados por razones psiquiátricas, debido al sistema de trabajo que impuso” el magistrado. En el mismo sentido, señaló las quejas que manifestaron dos fiscales correccionales y otros dos de Cámara, que –entre otras consecuencias– derivó en que los turnos con ese juzgado fueran “cubiertos rotativamente por los demás fiscales a razón de diez días cada uno”. Lo habitual es que una fiscalía esté de turno con un juzgado determinado a lo largo de todo un año.
“La actuación del doctor Montanaro ante el tribunal en el que se desempeña como juez subrogante ha perjudicado el rendimiento de la dependencia y, a raíz de ello, opino que no debe solicitarse al Consejo de la Magistratura que prorrogue su gestión por seis meses más”, sostuvo Garrigós, en el dictamen que difundió ayer la agencia DyN.
Filozof, por su parte, recordó “la naturaleza del Poder Judicial, cuyos integrantes deben procurar como meta solucionar los conflictos, y no generarlos”, por lo que “perdida la confianza en la correcta gestión de la resolución de conflictos no cabe otra solución que adherir a la negativa votada por la doctora Garrigós de Rébori”.
Además, Filozof evocó que en una oportunidad “Montanaro, en su carácter de secretario, se dirigió al presidente de la República Argentina arrogándose una representación que no poseía, exigiendo en términos descomedidos la sanción de una ley para implementar la pena de muerte”. Ameghino Escobar adhirió a esas razones, aunque sin profundizar en detalles.
La Comisión de Selección del Consejo resolvió, el martes, no renovar la subrogancia de Montanaro y ya comunicó su decisión a la Cámara del Crimen, para que designe a otro magistrado interino a cargo del juzgado en lo correccional número dos.
Uno de las intervenciones cuestionadas de Montanaro es la del inmueble de Salta 661, a principios de este año. Además de desalojar a los ocupantes, les dictó la prisión preventiva a cinco, entre ellos, una mujer madre de una bebé con VIH. Los acusó de usurpación y de formar parte de una organización dedicada a cometer ese tipo de delitos. La Cámara del Crimen revocó ese fallo y ordenó la libertad de los detenidos, tras considerar que no estaba probada la usurpación y solo se había tratado de una ocupación ilegítima por parte de familias en situación de emergencia habitacional.
Montanaro tiene en sus manos otras causas contra ocupantes de edificios abandonados, en algunas de las cuales actuó con inusual dureza. Por eso, tres organizaciones sociales se presentaron ante el Consejo de la Magistratura para pedir su separación de las causas por desalojo contra una cooperativa de trabajo y un grupo de familias que habitan un inmueble en el barrio de Once. Lo acusan de conducirse con “parcialidad manifiesta y afectar seriamente los derechos humanos de más de 180 familias involucradas en ambas causas”.
Montanaro puso en práctica nuevamente su doctrina en otro procedimiento, en un depósito ubicado en Viamonte 2424, donde viven numerosas familias en situación precaria. Allí, por orden del juez, la policía detuvo a 21 personas y las alojó en celdas de la comisaría 7ª durante 12 horas. “Los llevaron de esa manera para notificarles que tenían que presentarse en el juzgado”, dijo la abogada Reta.
Los integrantes de la Cooperativa 20 de Diciembre también sufrieron este año el rigor de Montanaro: el 10 de febrero ordenó un procedimiento policial y sitió virtualmente la sede de la organización, que funciona en el ex bar La Alameda, un local que ocupan desde hace más de tres años en Parque Avellaneda, donde funciona un comedor comunitario y varios emprendimientos productivos.
Montanaro, quien hasta el año pasado se desempeñó como secretario letrado, se presentó en numerosos concursos para ser designado juez penal. Obtuvo en ellos las mejores calificaciones, aunque fue bochado en el test psicológico. Su elección fue desestimada en el Consejo de la Magistratura por su mentado pronunciamiento a favor de la pena de muerte para quienes cometan delitos contra la administración pública.
Las buenas calificaciones, sin embargo, le jugaron a favor cuando la Cámara del Crimen tuvo que elegir un reemplazante para el Juzgado en lo Correccional Nº 2, que había quedado vacante y en el que se desempeñó hasta ahora.