La pesadilla de Alberto empezó en un subte. Venía de visitar a su hermano cuando dos hombres entraron al vagón, lo agarraron de los brazos y le dijeron “vos sos el guacho”. Aunque intentó resistirse, Alberto no pudo hacer nada contra esos hombres que lo obligaron a bajar y lo condujeron hasta el Instituto para Menores San Martín. Ahí fue golpeado, arrastrado por el piso y encerrado en una celda durante algunas horas. Después, una mujer que se presentó como asistente social le dijo que habían cometido un error y lo dejaron ir. Alberto tiene 15 años y aún hoy no logra entender qué fue lo que pasó ese día. El fiscal Mariano Solessio, que investiga el caso y ya hizo allanar el instituto, considera que se trata de un “hecho grave”, aunque aún no arriesga ninguna hipótesis. Representantes del hogar donde vive Alberto, en cambio, sugieren una: que los guardias enviaban a los menores a la calle a robar y que confundieron al chico con alguno que no había regresado.
Alberto no es su nombre real: ha sido cambiado para proteger su identidad. Vive en el hogar Sagrada Familia, que pertenece a la Asociación Civil Ave María. “Viene de una casa con problemas, una familia disfuncional, en la que tres de los hijos están institucionalizados –explica Gabriel Lolato, titular de esa asociación y del hogar–. El ha tenido problemas de conducta en la escuela, pero no tiene causas delictivas ni ingreso a institutos.”
El 29 de octubre, día en que fue secuestrado, Alberto acababa de salir de otro hogar, donde se aloja uno de sus hermanos. Tomó el subte en la estación Emilio Mitre sin sospechar nada extraño. Pero momentos después dos hombres se le sentaron a ambos lados, lo agarraron, lo obligaron a bajar por la fuerza y lo hicieron subir otra vez en dirección contraria, de regreso a la misma estación. Desde allí lo trasladaron hasta el instituto. Cuenta Alberto que estaba aterrorizado (ver entrevista aparte), que forcejeó pero esos hombres que le decían “guacho” tenían más fuerza que él.
Lo peor, sin embargo, sucedió una vez adentro. Un hombre al que describe como “un celador”, que llevaba un gran llavero y un “garrote como de policía” lo condujo a un pabellón donde había otros chicos, que empezaron a provocarlo y terminaron sacándole a los golpes sus pertenencias: la campera, el reloj, algún dinero. Con los gritos volvió el celador, que le pegó dos palazos en la espalda y luego lo arrastró por el piso. Finalmente Alberto fue encerrado en una celda durante un tiempo que no pudo precisar.
Cuando la puerta volvió a abrirse, el celador le dijo que una persona lo quería ver. Fue conducido a una sala donde una mujer que se presentó como asistente social lo interrogó: quiso saber su nombre, el hogar donde vivía, el de sus padres. Después le dijo que lo iban a liberar. Entonces él pidió hacer un llamado telefónico, pero le respondió que no, “porque nos equivocamos de persona”.
“Su relato es muy preciso y coherente –explica Lolato–. Nosotros decidimos hacer la denuncia y en cada oportunidad él volvió a contarlo todo con mucho detalle. Describió correctamente el Instituto San Martín, en el que nunca antes había estado, e incluso hizo un croquis del lugar.” Los delitos denunciados son privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y robo, ya que a Alberto no le devolvieron varias de sus pertenencias. Los golpes y lesiones fueron constatados por un médico y peritos forenses. Días atrás se realizó el allanamiento del instituto, por pedido del fiscal Mariano Solessio, y se secuestraron los libros de entradas y salidas, pero allí no aparece su nombre.
“La causa está en plena etapa investigativa –le dijo el fiscal a este diario–. Lo tomamos como un hecho grave, dada la modalidad utilizada: cómo lo interceptaron dentro del subterráneo y lo trasladaron allí. La idea del allanamiento fue tratar de constatar qué personas trabajaron ahí ese día y conseguir las copias de los libros de entradas y salidas.”
El paso siguiente sería intentar los reconocimientos: si bien Alberto ya habría señalado en una foto a uno de los posibles involucrados, aún no se realizó la rueda de personas que permitiría confirmarlo. “A esta altura no puedo saber si es un hecho aislado o no –aclara Solessio–. La experiencia indica que cuando se denuncian apremios en institutos de menores o penitenciarios, muchas veces las personas no están en condiciones de hacer reconocimientos porque no pueden o porque tienen miedo. En este caso, por fechas y horarios podemos establecer nombres y apellidos del personal, pero luego el reconocimiento es clave.”
Lo preocupante, dice el fiscal, es el andamiaje del caso: “Para sacarle un reloj, una campera y otros efectos personales no lo llevarían al instituto. El tema entonces es el porqué de esto: qué pasa en ese instituto”.
–¿Qué piensa de la hipótesis de que estuvieran dejando salir a los chicos a cometer algún delito y en este caso hayan confundido con alguno que no regresó?
–Yo no lo descarto, pero tampoco puedo confirmarlo porque sólo tengo este expediente: no tengo otros similares.
Leandro Halperín, coordinador del programa Abogados por los pibes y representante legal de Alberto en la primera etapa de la causa, no quiere en cambio arriesgar hipótesis. “Podría ser ésa o muchas otras –sostiene–, pero lo importante es que es gravísimo: significa que hay un grupo paraestatal destinado a levantar chicos en la calle y sin orden judicial para conducirlos a un instituto. No sabemos si no hay otros casos iguales: es un procedimiento similar a los usados en la dictadura militar, pero con chicos en situación de riesgo.”
El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Conaf), del que depende el Instituto San Martín, aún no ha tomado ninguna medida sobre el caso. “Tomamos conocimiento del hecho por comentarios y pedimos que nos facilitaran la denuncia para poder realizar una investigación interna, pero aún no la tenemos –sostiene el director nacional de Derechos y Programas, Gabriel Lerner–. Mandamos notas a la fiscalía y al juzgado para ponernos a disposición y ver si nos daban elementos y aún no han sido respondidas. Queremos participar en la investigación. Hace poco nos enteramos de que también aparecía involucrada una mujer, pero no tenemos datos suficientes.”
Lolato cuestiona esa posición. “Una vez que allanan el instituto, el Conaf debería haber intervenido, hacer un sumario administrativo, separar de sus cargos a los responsables. Creo que tendrían que haber hecho algo más profundo.” Lo mismo sostiene Halperín: “La Justicia lo tomó en serio. Sabemos que habitualmente los tiempos judiciales corren por una cuerda y los políticos por otra. Lo que me sorprende es que en este caso los tiempos políticos sean más lentos que los judiciales”.