La Procuración General porteña recomendó anular la concesión del espacio que explota, bajo la Autopista Illia, la empresa Plaza Intendente Alvear. Se trata de una de las polémicas concesiones del ex intendente Carlos Grosso, que otorgó el espacio en 1991 para la explotación de una playa de estacionamiento y terminó albergando una estación de servicio y una quincena de locales comerciales, entre ellos media docena de exclusivos restaurantes. Catorce años después, ese contrato fue declarado “nulo de nulidad absoluta e insanable”. Desde la Secretaría de Hacienda –responsable de las privatizaciones y concesiones en la ciudad– se informó que esta semana se resolverá la situación de ese predio: si se anula la concesión, pasaría al dominio del Estado porteño.
El predio que es motivo de controversia es el ubicado en la Avenida 9 de Julio, entre Posadas y Avenida del Libertador. Está justo debajo de la subida a la autopista Illia, cuya concesión fue anulada por el gobierno porteño en 2003, también por incumplimiento del contrato. La empresa Plaza Intendente Alvear SA, concesionaria de ese espacio bajo la autopista, estaba integrada originalmente por las firmas Servente Construcciones SA, Lanusse Construcciones SA y Mérida SA, las mismas que explotaron inicialmente la Illia. Pero esas empresas vendieron parte o la totalidad de sus acciones –en operaciones que no constan, como establece el contrato, en las áreas correspondientes del gobierno porteño–, por lo que hoy no se sabe a ciencia cierta quiénes son los beneficiarios de la concesión. Sea cual fuere, es esa empresa la que subcontrata la explotación de la estación Shell y los restaurantes ubicados en la Recova.
En su resolución, la procuradora Alejandra Tadei recomendó “la extinción del contrato, con fundamento en los incumplimientos incurridos por la concesionaria durante la vigencia de la relación contractual”. La funcionaria, además, sugirió la intervención de la Contaduría General, para que determine “el monto de los perjuicios que pudieran haberse ocasionado a la ciudad por la ocupación de los bienes públicos”, en particular “las sumas adeudadas en concepto de canon y las indemnizaciones previstas en los pliegos”.
El reclamo por la explotación irregular se inició en 1998 y en mayo de 2000 la Procuración emitió un dictamen similar a este, que fue impugnado por la empresa concesionaria. Ahora, el nuevo pronunciamiento considera “improcedente” aquella impugnación.
El caso se reactivó después de la tragedia de Cromañón, cuando el ex legislador Marcelo Gey realizó una presentación ante el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, para que se investiguen las irregularidades en la concesión. Entre ellas, denunció:
- Que se otorgó una concesión por 30 años, sin la intervención del entonces Concejo Deliberante.
- El contrato contemplaba sólo la construcción de una playa de estacionamiento, mientras que hoy las actividades principales son la estación de servicio y los locales gastronómicos.