La administración Bush y el buscador Google están peleados, pero lo grave sería que se pusieran de acuerdo. Están peleados porque el Ministerio de Justicia norteamericano le pidió a esa empresa, al igual que a otros buscadores en Internet, una “muestra al azar” que incluya un millón de búsquedas efectuadas en un día determinado: Yahoo, Microsoft y AOL accedieron, pero Google contestó que no, y el tema se dirimirá en la Justicia. El pedido de la administración Bush se inscribe a su vez en un litigio pendiente por la “Ley de Protección Online al Niño”, de 1998, que castigaba con cárcel y multas a quienes presentaran pornografía accesible a menores en Internet. Una ONG acudió a la Justicia aduciendo que la ley violaba las garantías de libertad de expresión: la Corte Suprema puso la ley en suspenso y dejó en manos de otro tribunal decidir si no es más adecuado prevenir el acceso a la pornografía mediante “filtros” de software. En el marco de este juicio, la administración Bush efectuó la solicitud que Google se niega a satisfacer. Lo grave sería que Google se pusiera de acuerdo con ésta o cualquier administración que pretendiera avanzar sobre los derechos individuales, ya que la firma “tiene control absoluto sobre un volumen sin precedentes de información acerca de sus usuarios”, según una ONG de Estados Unidos.

Alberto Gonzales, procurador general de Estados Unidos, solicitó a un juez federal de California que obligue a Google a cumplir con un pedido de entregar las grabaciones de una muestra al azar de las búsquedas efectuadas durante dos meses, lo cual contribuiría a “evaluar la porción de Internet alcanzable mediante los mecanismos de búsqueda operados por Google”. La empresa contestó que resistirá “vigorosamente” al requerimiento. Nicole Wong, representante de Google, afirmó que “el pedido de información es excesivo” y señaló que la empresa “no es parte en el juicio” para el que se solicitan los datos.

En ese juicio, que se desarrolla en Filadelfia, la ONG American Civil Liberties Union (ACLU) sostiene que la Ley de Protección Online al Niño, de 1998, viola la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda constitucional. El gobierno defiende la ley, que prohibía presentar en sitios comerciales de la web material de sexo explícito que se considerara “dañino para menores”, salvo que el administrador del sitio dispusiera de métodos para garantizar que los menores no pudieran acceder. La ley fijaba penas de hasta seis meses de cárcel y 50.000 dólares de multa.

La ley no llegó a aplicarse porque la ACLU y otras organizaciones acudieron a la Justicia. Según advirtió entonces la ACLU, la ley “convertiría en crimen presentar por Internet material que está disponible en la televisión por cable”. Luego de pasar por sucesivos tribunales, el caso llegó a la Corte Suprema, que, en 2004, produjo un fallo –dividido, por un voto de diferencia– que, sin llegar a declarar la inconstitucionalidad, dejó la ley en suspenso hasta tanto otro juicio –el que se sustancia en Filadelfia– decidiera si no es mejor recurrir, antes que a una ley criminal, a los softwares que filtran el material pornográfico.

En este juicio, los abogados del gobierno solicitaron las grabaciones de búsquedas para demostrar que la persecución penal “es más efectiva que el software de filtro para proteger a los menores de la exposición de materiales dañinos”. Inicialmente, pedían tanto como las grabaciones completas de las búsquedas realizadas en junio y julio de 2005, es cierto que “sin ninguna información que permitiera identificar a los usuarios”; después se contentaron con una selección al azar. Las firmas Yahoo, AOL y Microsoft cumplieron lo solicitado pero Google no. El Departamento de Justicia insistió, destacando que sus datos son “valiosos” porque el Google maneja “la mayor parte del mercado de búsquedas de la web”.

Al mismo tiempo, distintas organizaciones han advertido sobre la enorme acumulación de datos personales en el Google. La combinación del historialde búsquedas de un usuario, sus e-mails y sus datos de registración podrían brindar “una huella digital de lo que pasa en su cerebro –graficó Kevin Bankston, de la Electronic Frontier Foundation–: lo que compra, lo que piensa, lo que dice y a quién se lo dice”. Se trata de “un monto de información personal sin precedentes, cuyo control absoluto está en manos de terceros como el Google”, observó Bankston. Por su parte, Chris Hoofnagle, del Centro de Información sobre Privacidad Electrónica, sostuvo que “Google está en condiciones de desplazar a Microsoft en su capacidad para invadir la privacidad”.