Jorge Lugones, obispo de Orán, acusó a Juan Carlos Romero de intentar “tapar” la emergencia en el norte de la provincia, donde casi 200 mil personas se encuentran aisladas del país.
“La zona norte de Salta es un lugar olvidado y el responsable es el gobierno de la provincia”, señaló a Página/12 el obispo de Orán, Jorge Lugones. En esa región, desde hace casi un mes, unos 200 mil habitantes de las localidades de Tartagal, General Mosconi y Salvador Mazza, entre otras, se encuentran aislados como consecuencia de que una crecida del río Seco hizo desaparecer un puente de la Ruta Nacional 34. Allí, la falta de alimentos y combustible dejó de ser una amenaza y se transformó en realidad. El martes, algunas agrupaciones de desocupados quisieron dialogar con el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Walter Wayar. No pudieron. Fueron reprimidos por la policía con balas de goma, hubo heridos y una veintena de ellos fueron detenidos. Vialidad anunció que un cruce provisorio “estaría habilitado para el 6 de febrero”.
“Salta vive en una esquizofrenia: la capital parece el Primer Mundo y donde estamos nosotros es el quinto –definió Lugones–. En las calles de Salta se ven los afiches con la foto de (el gobernador Juan Carlos) Romero que dicen ‘Diez años de transformación’, pero ¿de qué transformación habla?”
La iniquidad, según el arzobispo, tiene un trasfondo político que deja al descubierto el manejo cuasi feudal reinante en la provincia. “La diferencia entre esta zona y el resto de Salta es porque aquí hay intendentes, la mayoría, que no son del color político de Romero, que no son del PJ”, razona.
“El responsable es el gobierno de la provincia que encima quiere tapar la situación. Hace diez años que la Dirección Nacional de Vialidad no mantiene los puentes y la provincia no hace nada”, acusó Lugones. El inconveniente supera lo planteado por un puente caído: “La situación es bastante crítica. La Ruta 34 está casi toda en mal estado y otro río se está comiendo el pavimento unos 10 kilómetros antes de Tartagal. Además, en medio de la ciudad, el río Tartagal socavó el entubado y tumbó las casas construidas al costado, por eso ya hay por lo menos quince familias evacuadas. Vi a una familia que a unos 25 metros del río estaba desmantelando su casa porque si no, dicen, no les va a quedar nada. Y esto va a empeorar, porque en febrero las lluvias son más fuertes”.
Ahora, la única forma de cruzar el río Seco es un vado que levantó Vialidad, pero por el que sólo transitan algunos camiones durante una o dos horas hasta que se deshace debajo de las ruedas o crece el río. Por allí, los vehículos pequeños no se atreven porque quedan atrapados en el lodo. A pie, sólo se puede pasar por un puente ferroviario, donde “hay que chapalear un kilómetro en el barro”, cuenta Lugones. Por esa misma vía, pasa un coche motor que no da abasto para transportar a la gente y con una zorra empujada con “tracción a hombre” se acarrean algunos víveres.
Así, en Tartagal, el desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos se esparce por la ciudad como el agua de las lluvias que transforma en canales las calles de algunos barrios.
“Sólo llegan algunos productos no perecederos y el mayor problema lo tenemos con los que necesitan mantener la cadena de frío. Y el puente aéreo (un sistema dispuesto por el gobierno provincial para llevar medicamentos al hospital utilizando un helicóptero) no es lo más óptimo”, se quejó ante este diario el intendente de Tartagal, Darío Valenzuela, del Partido Renovador Salteño.
“Los departamentos de San Martín y de Rivadavia siempre fueron olvidados”, reclamó el jefe comunal. “Y paradójicamente es una de las zonas más ricas de la provincia”, asegura. En esa región se ubica la segunda cuenca gasífera de la Argentina, y sin embargo sólo el 30 por ciento de la población dispone de gas natural en sus casas.
Las empresas que extraen el combustible son parte del problema, igual que las plantaciones sojeras, sostiene monseñor Lugones. “Los ríos aumentan su caudal porque se ha agredido al ecosistema. El desmonte llevado adelante por las petroleras y por los terratenientes que siembran soja le saca capacidad de absorción al terreno y los ríos bajan de los cerros con másfuerza”, explica. “Cuando empiece la cosecha de soja, ahí se van a mover las autoridades”, pronosticó.
Mientras Romero está de vacaciones, el vicegobernador llegó el martes hasta Tartagal para analizar la crisis con representantes de las petroleras. Cuando integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi quisieron entrevistarse con Wayar, se generaron incidentes y la policía terminó disparando balas de goma. Varios resultaron heridos y 23 fueron detenidos. El gobierno salteño señaló ayer que en los episodios hubo “activistas llegados de Buenos Aires que fogonearon la situación”.
La única solución a la vista es un puente Bailey, una estructura metálica del Ejército, que Vialidad promete habilitar para el 6 de febrero, “de no mediar inconvenientes graves y meteorológicos”.
Informe: Lucas Livchits.
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